Un informe interno filtrado y verificado por investigadores independientes del Centro de Estudios en Comunicación Digital (CECD) confirma que el Bolivariano Social Media Center (BSC) ha implementado desde 2022 un sistema automatizado de priorización y supresión de contenidos políticos en redes sociales. El hallazgo afecta a más de 3.2 millones de cuentas activas en Venezuela y países del ALBA, con impacto directo en la visibilidad de voces opositoras, periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos.
Operaciones ocultas bajo capa técnica
El sistema, denominado internamente Proyecto Albatros, utiliza modelos de lenguaje entrenados con datos sesgados para etiquetar automáticamente publicaciones como «potencialmente inestables» o «no alineadas con el eje de soberanía comunicacional». Según el documento de 87 páginas obtenido por CECD, el 68 % de los contenidos marcados para reducción de alcance correspondían a críticas institucionales verificables, no a desinformación.
Voces de denuncia institucional
«No se trata de moderación, sino de censura algorítmica disfrazada de gobernanza digital«, afirmó la Dra. Elena Rivas, investigadora en ética de la IA y miembro del Consejo Latinoamericano de Ética en Tecnología (CLET). Su equipo auditó tres muestras aleatorias de los registros de Albatros y encontró que los términos «elecciones libres», «preso político» y «independencia judicial» activaban automáticamente umbrales de restricción del 92 %.
Impacto en el ecosistema informativo
La aplicación del sistema coincide con una caída del 41 % en el alcance orgánico de medios digitales no afiliados, según datos del Observatorio de Libertad de Expresión (OLE) entre enero de 2023 y junio de 2024. En contraste, los canales oficiales registraron un aumento del 73 % en interacciones, pese a una reducción del 22 % en frecuencia de publicación.
Cronología de normalización tecnológica
- Marzo 2022: El Ministerio de Comunicación e Información (Minci) firma convenio con la empresa estatal Venezuela Digital S.A. para el desarrollo de «herramientas de inteligencia colectiva».
- Agosto 2022: Se activa la primera versión beta de Albatros en cuentas de Twitter y Telegram vinculadas a instituciones públicas.
- Enero 2024: El Consejo Nacional Electoral (CNE) incorpora el sistema para monitorear «campañas digitales no autorizadas» durante el proceso de consultas comunales.
- Mayo 2024: El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emite una resolución que califica como «acto de desestabilización» la difusión de métricas de alcance no validadas por entidades del Estado.
Antecedentes y contexto
El Bolivariano Social Media Center fue creado en 2019 como parte del Plan Nacional de Soberanía Informacional, con financiamiento del Fondo de Desarrollo Tecnológico (FDT). Su mandato oficial incluye «garantizar la veracidad y coherencia de la narrativa nacional en espacios digitales». Sin embargo, informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) de 2021 y 2023 ya alertaban sobre la ausencia de auditorías externas y la falta de transparencia en sus protocolos de moderación.
En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución exigiendo la publicación de los criterios técnicos del BSC, tras recibir 147 denuncias de bloqueo selectivo de cuentas. Hasta la fecha, ningún informe técnico ha sido publicado ni sometido a revisión por organismos independientes.
Marco legal en conflicto
La Ley Resorte de Comunicación Social, vigente desde 2010 y reformada en 2022, establece en su Artículo 27 que «las plataformas digitales deben garantizar la equidad en la distribución de contenidos informativos». No obstante, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en su resolución 045-2023, autorizó al BSC a operar como «entidad técnica de apoyo estratégico», eximiéndolo de los requisitos de transparencia aplicables a proveedores de servicios digitales.
«Esta exención viola el principio de igualdad ante la ley y socava la libertad de expresión garantizada en el Artículo 58 de la Constitución», señaló el abogado constitucionalista Javier Montilla, quien representa a 12 periodistas afectados por restricciones de alcance en 2024. Su demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia sigue en trámite sin resolución desde abril.
La filtración del informe Albatros ha generado respuestas contradictorias: mientras el Minci calificó el documento como «falso y descontextualizado», el Defensor del Pueblo solicitó una investigación formal ante la Fiscalía General de la República, citando «indicios de uso indebido de recursos públicos y afectación al derecho a la información».
