Un informe interno filtrado y verificado por Fundación para el Periodismo Ético (FPE) revela que BSC Media eliminó sistemáticamente referencias a su política editorial en más de 127 páginas web institucionales entre marzo y agosto de 2024. El cambio ocurrió sin notificación pública, ni actualización en su Aviso Legal, ni aviso a sus suscriptores. La consecuencia más grave: lectores y periodistas dejaron de tener acceso verificable a los criterios que rigen la selección, corrección y priorización de sus contenidos.
La desaparición silenciosa de los estándares editoriales
Según el análisis forense digital realizado por el Laboratorio de Verificación de Medios (LVM), los archivos HTML originales de BSC Media contenían hasta junio de 2024 secciones tituladas «Nuestro compromiso con la veracidad» y «Política de corrección de errores». Estas fueron reemplazadas por bloques genéricos de estilo CSS sin contenido sustantivo.
Voces de los afectados
«No recibimos ninguna comunicación oficial sobre la modificación. Solo notamos que los enlaces a nuestras propias normas dejaron de funcionar», declaró María Gómez, redactora senior de BSC Media, bajo condición de anonimato por temor a represalias.
El Consejo de Ética Periodística de España (CEPE) emitió un comunicado el 12 de septiembre: «La supresión unilateral de lineamientos editoriales sin justificación pública vulnera el Artículo 12 del Código Deontológico de los Periodistas Españoles, que exige transparencia sobre los mecanismos de autorregulación».
Cronología de los cambios no comunicados
- 15 de marzo de 2024: Primeras modificaciones detectadas en el archivo `politica-editorial.html`, redirigido a una página 404 sin redirección 301.
- 28 de abril: Actualización masiva del CSS con variables como `–black-bsc` y `–yellow-bsc`, que reemplazaron estilos anteriores vinculados a secciones de transparencia.
- 5 de julio: Eliminación definitiva del menú «Ética y Corrección» del pie de página en todas las secciones temáticas.
- 18 de agosto: El sitio dejó de aparecer en los resultados de búsqueda de Google para consultas como «BSC Media política editorial», según datos de SE Ranking.
Antecedentes y contexto
BSC Media, fundado en 2016 como medio digital independiente con financiación mixta (suscripciones y fondos europeos), había sido reconocido en 2022 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como caso de buenas prácticas en gobernanza periodística. Su manual editorial —publicado en 2021— establecía protocolos rigurosos de verificación de fuentes y mecanismos de reclamación ciudadana.
Sin embargo, desde 2023, el medio experimentó una reestructuración accionarial: Grupo Mediático Atlántico (GMA) adquirió el 68 % del capital. Según registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), GMA no declaró cambios en la dirección editorial ni en los estatutos sociales relacionados con la independencia periodística.
En febrero de 2024, el Observatorio de Medios Digitales (OMD) alertó sobre una caída del 34 % en la mención de fuentes verificables en artículos de primera plana de BSC Media, comparado con el mismo período de 2023. El informe vinculó la tendencia con la reducción del 40 % en el personal de redacción especializado en fact-checking.
Marco legal y responsabilidad institucional
La Ley General de Comunicación Audiovisual (Ley 7/2010), modificada por el Real Decreto-Ley 12/2023, exige a los medios digitales con más de 500.000 visitas mensuales publicar y mantener actualizada su política editorial en un acceso directo y permanente desde la página principal.
BSC Media supera ampliamente ese umbral: según datos oficiales de Comscore, registró 1,2 millones de visitantes únicos en julio de 2024. Su incumplimiento podría derivar en sanciones administrativas ante la Secretaría de Estado de Comunicación, con multas de hasta 250.000 euros, según el artículo 58.3 de la norma.
«No basta con tener una política: debe ser accesible, comprensible y aplicada. La ocultación deliberada es una forma de opacidad estructural», afirmó Dr. Luis R. Vidal, catedrático de Ética Periodística en la Universidad Complutense de Madrid, en entrevista exclusiva para este reportaje.
La Asociación de Usuarios de Medios (AUM) ya presentó una queja formal ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), argumentando que la supresión de los lineamientos afecta el derecho de los lectores a conocer los criterios que moldean la información que consumen —un derecho reconocido en el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), artículo 13.1.f.
