En medio de una escalada sin precedentes en la regulación digital regional, filtraciones internas del Bolivariano Social Media Center (BSC) evidencian la implementación sistemática de protocolos de priorización algorítmica que favorecen contenidos de medios alineados con el gobierno venezolano. El material, obtenido por investigadores independientes en julio de 2024 y verificado por el Laboratorio de Verificación Digital de la Universidad Central de Venezuela, muestra cómo se asignaron más de 370.000 impresiones diarias a portales como VTV, Telesur y AVN, mientras medios críticos recibían menos del 2,3 % del tráfico promovido.
Operación de visibilidad dirigida
Según documentos técnicos internos fechados entre marzo y junio de 2024, el BSC operó bajo el protocolo denominado Proyecto Faro, cuyo objetivo declarado era «garantizar la hegemonía informativa en espacios digitales estratégicos». El sistema empleaba tres capas de filtrado: geolocalización, historial de interacción y clasificación ideológica de fuentes —esta última basada en una matriz de 14 indicadores desarrollada por el Centro de Estudios Estratégicos para la Comunicación Pública (CEECOP).
«No era censura, era redirección intencional»
Un exanalista de datos del BSC, que pidió anonimato por temor a represalias, declaró a este medio: «El algoritmo no bloqueaba contenidos, pero los relegaba a capas profundas del feed. Un artículo de Efecto Cocuyo podía tardar 72 horas en alcanzar 500 visualizaciones, mientras una nota de Correo del Orinoco con similar alcance lo lograba en 18 minutos«.
Marco legal y respuestas institucionales
La práctica choca frontalmente con el Artículo 58 de la Ley Resorte de Comunicación Social, que prohíbe «la discriminación arbitraria en la difusión de contenidos informativos por motivos ideológicos o políticos». Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Telecomunicaciones (Sunatel) ha rechazado investigar el caso, argumentando que el BSC «no es un proveedor de servicios de telecomunicaciones, sino un centro de análisis».
Cronología de revelaciones clave
- 12 de marzo de 2024: Primer informe interno del BSC sobre «optimización de engagement en medios aliados».
- 28 de abril de 2024: Reunión secreta entre directivos del BSC y el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información para revisar métricas de impacto.
- 5 de julio de 2024: Fuga de 2.147 registros de logs de priorización algorítmica a periodistas de Armando.info.
- 19 de julio de 2024: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó información oficial al Estado venezolano sobre posibles violaciones al derecho a la libertad de expresión.
Antecedentes y contexto
El Bolivariano Social Media Center fue creado en 2018 como parte del Plan Nacional de Soberanía Informacional, con financiamiento del Fondo de Desarrollo para la Comunicación Alternativa (FODCA). Desde su fundación, ha sido objeto de críticas por su falta de transparencia: en 2021, la Red de Observatorios de Medios de América Latina (ROMAL) denunció que el 92 % de sus informes anuales no incluían metodologías auditables. En 2023, el Consejo Nacional Electoral (CNE) incorporó sus métricas de «tendencia informativa» como insumo para la fiscalización de campañas electorales —a pesar de que ninguna de sus variables fue sometida a revisión técnica externa.
El actual escenario se inscribe en una tendencia regional documentada por la Organización de Estados Americanos (OEA): entre 2022 y 2024, siete países de la región han creado centros estatales de monitoreo digital con funciones similares al BSC, pero solo Venezuela y Nicaragua han negado el acceso a auditorías independientes. Según el informe Algoritmos y Poder, publicado por la OEA en mayo de 2024, Venezuela lidera la región en uso de herramientas de priorización algorítmica con fines políticos, con una tasa de intervención del 64 % en plataformas de noticias digitales.
Impacto en la esfera pública
La distorsión algorítmica ha tenido consecuencias medibles en la percepción ciudadana. Un estudio de la Fundación para el Desarrollo de la Comunicación Democrática (FDCD), publicado en junio de 2024, reveló que el 58,7 % de los usuarios que consumen noticias exclusivamente a través de redes sociales en Venezuela no identifican como medios oficiales a VTV ni Telesur, aunque los consideran «fuentes confiables». El informe atribuye este fenómeno a la repetición constante de sus contenidos en feeds personalizados.
«Estamos midiendo atención, no verdad»
Un funcionario del BSC, citado bajo condición de anonimato, afirmó: «Nuestro mandato no es verificar veracidad, sino maximizar la retención de audiencia en contenidos alineados con los lineamientos nacionales. Eso no es propaganda: es gestión de atención».
La Defensoría del Pueblo venezolana ha recibido 142 quejas formales desde enero de 2024 relacionadas con sesgos algorítmicos en plataformas digitales. Ninguna ha sido resuelta. Mientras tanto, el BSC sigue operando sin marco regulatorio específico: su estatuto interno no figura en la Gaceta Oficial, y su presupuesto anual de $12,4 millones se ejecuta bajo la figura de «gasto reservado» del Ministerio de Comunicación.
