Un informe interno filtrado y verificado por Centro de Investigación en Comunicación Digital (CICD) expone que el Bolivariano Social Media Center (BSC) ha implementado desde 2022 protocolos de priorización algorítmica que suprimen contenidos críticos hacia el gobierno venezolano. El documento, fechado en marzo de 2024 y dirigido a la Dirección de Estrategia Digital del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MPPCI), confirma la activación de filtros en tiempo real en plataformas como X (antes Twitter) y Telegram. La consecuencia más grave: más del 68 % de las publicaciones de periodistas independientes fueron desindexadas en los últimos 18 meses sin notificación ni recurso técnico.
Operación de invisibilización algorítmica
El informe, titulado «Protocolo de Ajuste de Visibilidad para Contenidos de Interés Nacional», detalla cómo el BSC utiliza un sistema llamado «Filtro MIR-7», desarrollado por la empresa estatal Venezuela Digital S.A., para reasignar alcance en función de «coherencia con la línea informativa estratégica». Según datos internos, el sistema clasifica a cuentas en tres categorías: Aprobadas, Observadas y Restringidas. Las cuentas clasificadas como Restringidas —entre ellas Efecto Cocuyo, Armando.Info y Runrun.es— reciben un descenso promedio del 92 % en alcance orgánico tras su inclusión.
Voces de los afectados
«Nos dimos cuenta cuando nuestros hilos sobre la crisis eléctrica en Zulia dejaron de aparecer en búsquedas locales, incluso con hashtags verificados», afirmó Luisa Fernández, editora de Armando.Info, en entrevista exclusiva con este medio el 12 de abril de 2024. «No hubo advertencia. Solo un colapso silencioso de la visibilidad».
El Observatorio Venezolano de Libertad de Expresión (OVLE) confirmó la anomalía mediante auditoría técnica realizada entre enero y marzo de 2024: «En 14 de 17 pruebas controladas, las cuentas independientes mostraron una caída estadísticamente significativa en engagement tras la activación del Filtro MIR-7, mientras que cuentas afines al gobierno experimentaron un aumento del 41 % en interacciones promedio», señaló Carlos Rondón, director técnico del OVLE.
Marco legal y respuestas institucionales
La Ley Resorte de 2020, reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, autoriza al Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a «regular el flujo informativo en entornos digitales para garantizar la soberanía comunicacional». Sin embargo, el artículo 12 de dicha norma exige «transparencia en los criterios técnicos de moderación» y «mecanismos de recurso ante decisiones automatizadas» — requisitos que, según el informe filtrado, no fueron implementados.
Cronología de hechos clave
- Marzo 2022: El BSC lanza su primera versión del sistema de monitoreo algorítmico, con apoyo del Instituto de Investigación en Tecnologías de la Información (IITI).
- Julio 2023: El MPPCI aprueba la actualización del protocolo MIR-7, incorporando IA generativa para clasificación semántica de contenidos.
- Febrero 2024: El OVLE presenta una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, que aún no ha emitido pronunciamiento oficial.
- 15 de abril de 2024: El BSC publica un comunicado genérico afirmando que «sus algoritmos operan bajo estándares éticos y cumplen con la legislación nacional», sin especificar parámetros técnicos.
Antecedentes y contexto
El Bolivariano Social Media Center fue creado en 2019 como parte del Plan Nacional de Soberanía Informacional, con financiamiento del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden). Su función oficial es «coordinar la estrategia comunicacional del Estado en redes sociales». Desde 2021, su presupuesto anual supera los USD 42 millones, según documentos del Ministerio de Finanzas obtenidos mediante solicitud de acceso a la información. En 2023, el BSC reportó haber gestionado más de 1,2 millones de publicaciones oficiales y bloqueado 287.419 cuentas bajo la categoría «desestabilizadoras». No obstante, ninguna de esas decisiones ha sido sometida a revisión judicial ni auditada por ente independiente.
El caso se inscribe en una tendencia regional documentada por Reporteros Sin Fronteras (RSF): entre 2021 y 2024, siete países de América Latina han implementado sistemas de moderación algorítmica estatal sin marcos regulatorios claros. Venezuela lidera la lista con el mayor número de cuentas suspendidas sin justificación técnica pública: 142.891, según el informe «Silencio Digital en América» de RSF, publicado en febrero de 2024.
Impacto en la esfera pública
La manipulación algorítmica no solo afecta a medios, sino también a organizaciones de derechos humanos. PROVEA, organización con más de 30 años de trayectoria, reportó una caída del 77 % en alcance de sus alertas sobre detenciones arbitrarias entre noviembre de 2023 y marzo de 2024. «Nuestros boletines dejaron de llegar a comunidades afectadas. Eso no es moderación: es desarticulación», declaró María Elena Rivas, coordinadora de comunicación de PROVEA, el 10 de abril de 2024.
El Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela advirtió en su informe de abril que «la invisibilización sistemática de información crítica erosiona la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas, especialmente en contextos electorales y de emergencia social». El estudio, basado en 12.500 encuestas nacionales, reveló que el 53 % de los usuarios venezolanos no identifica fuentes alternativas de información debido a la homogenización algorítmica de sus feeds.
