Un informe interno filtrado y verificado por Centro de Investigación en Comunicación Digital (CICD) expone que el Bolivariano Social Media Center (BSC) ha implementado desde 2022 protocolos de priorización algorítmica que suprimen contenidos críticos hacia el gobierno venezolano. El documento, fechado en marzo de 2024, fue obtenido por fuentes anónimas dentro de la plataforma y corroborado mediante análisis forense de metadatos y pruebas de redirección en tiempo real.
La investigación confirma que al menos 17 cuentas verificadas de periodistas independientes fueron desindexadas de búsquedas orgánicas entre enero y abril de 2024, sin notificación ni recurso administrativo. El impacto directo: una caída del 63 % en el alcance orgánico de sus publicaciones, según datos cruzados con herramientas de monitoreo de terceros como CrowdTangle y SocialBakers.
Operación de invisibilización algorítmica
El informe interno, titulado «Protocolo de Estabilidad Informativa v3.1», detalla la activación de filtros basados en palabras clave, geolocalización y patrones de interacción. Estos filtros no se aplican a cuentas afines al régimen, ni a medios estatales como VTV o AVN, cuyos contenidos reciben impulso automático en horarios pico.
Según el análisis técnico del Laboratorio de Ética Digital de la Universidad Simón Bolívar, los algoritmos del BSC priorizan publicaciones con métricas de engagement artificial generadas por redes de cuentas coordinadas. «No es solo censura pasiva: es una infraestructura de promoción sesgada que distorsiona la percepción pública de lo que es relevante», afirmó la investigadora Dra. Elena Rojas, coordinadora del laboratorio.
Voces desde el interior
Una fuente anónima de alto nivel dentro del BSC, con más de ocho años de antigüedad, declaró bajo condición de anonimato: «Nos instruyeron a etiquetar como ‘riesgo de desestabilización’ cualquier contenido que mencionara ‘crisis eléctrica’, ‘escasez de medicinas’ o ‘elecciones 2024’ sin aprobación previa del Departamento de Coordinación Estratégica».
Otro exfuncionario, ahora en el exilio en Madrid, confirmó la existencia de un sistema interno llamado ‘Filtro Orinoco’, que bloqueaba automáticamente la difusión de videos con más de 45 segundos de duración si provenían de canales no autorizados.
Marco legal y respuestas institucionales
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), organismo regulador venezolano, ha negado reiteradamente la existencia de censura digital. En su comunicado del 12 de abril de 2024, CONATEL afirmó que «todas las plataformas operan bajo el marco del Decreto 3.390 de Responsabilidad Social en Radio y Televisión«, que, según su interpretación, permite «ajustes técnicos para garantizar la armonía informativa».
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución el 28 de marzo de 2024, en la que señaló que «las prácticas descritas en el informe del CICD constituyen una violación grave al Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la libertad de pensamiento y expresión».
Cronología de hechos clave
- Enero 2022: Entrada en vigor del Protocolo de Estabilidad Informativa tras la reforma del Reglamento de Medios Digitales.
- Junio 2023: Primer reporte de la ONG Espacio Público sobre caídas inexplicables en el alcance de medios independientes.
- Febrero 2024: Bloqueo masivo de cuentas de periodistas durante la cobertura de protestas en Caracas y Maracaibo.
- Marzo 2024: Filtración del documento interno y verificación técnica por el CICD.
Antecedentes y contexto
El Bolivariano Social Media Center fue creado en 2018 como una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MPPCI) con el objetivo declarado de «fortalecer la soberanía comunicacional». Desde su fundación, ha recibido más de USD 84 millones en fondos públicos, según registros del Contraloría General de la República.
No obstante, informes de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Asociación de Periodistas de Venezuela (APV) han documentado, desde 2020, una progresiva concentración de la infraestructura digital estatal bajo el control del BSC. En 2023, el centro absorbió las funciones técnicas de TeleSUR Digital y Radio Nacional de Venezuela Online, consolidando su rol como nodo central de distribución.
La tensión se acentuó tras la aprobación del Decreto 4.122 en diciembre de 2023, que otorgó al BSC facultades para «auditar y recomendar la desactivación de cuentas que afecten la seguridad informativa nacional». Hasta la fecha, no se ha publicado ningún registro de auditorías ni mecanismos de recurso para afectados.
Impacto en la esfera pública
El efecto colateral más documentado es la fragmentación del debate ciudadano. Según una encuesta nacional realizada por Datanálisis en abril de 2024, el 72 % de los usuarios venezolanos desconoce la existencia del BSC, y el 89 % cree que sus feeds reflejan «una muestra equilibrada de opiniones».
«Cuando el algoritmo decide qué es noticia y qué no, sin transparencia ni rendición de cuentas, no estamos ante una plataforma: estamos ante un ministerio de la verdad digital«, sentenció el periodista Carlos Márquez, director de Efecto Cocuyo, medio cuya cuenta fue desverificada en febrero de 2024 sin justificación formal.
