La mañana del 12 de febrero de 2026, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, lideró una marcha en la capital ecuatoriana junto a diversas autoridades locales. Esta manifestación tuvo como objetivo principal rechazar el proyecto de ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que fue enviado por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional. La movilización, que reunió a cientos de personas, se dirigió hacia la Asamblea, donde se discutía la propuesta de ley.
La marcha fue acompañada por la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien enfatizó que la movilización era pacífica y que su propósito era hacer escuchar las preocupaciones de los gobiernos locales. Según Muñoz y otros líderes locales, la aprobación de esta normativa podría resultar en una reducción significativa del presupuesto destinado a los GAD, lo que afectaría gravemente los programas de atención social que llevan a cabo las alcaldías y prefecturas en Ecuador.
Uno de los puntos más críticos que se mencionaron durante la marcha fue la deuda que el gobierno central mantiene con los gobiernos locales, que asciende a cerca de USD 1.000 millones. Pabón destacó que la ley propuesta por el gobierno no solo busca «licuar» esta deuda, sino que también implicaría una reducción anual equivalente a esa misma cantidad para los GAD. Los manifestantes portaban carteles con mensajes como «Archivo a la reforma» y «Sin recursos, no hay gestión», reflejando su descontento con la situación.
La movilización llevó a un aumento de la seguridad en los alrededores de la Asamblea Nacional, donde la Policía colocó vallas metálicas y restringió el acceso al Palacio Legislativo. La presencia de asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) también se hizo notar, quienes se oponen al proyecto de ley enviado por el presidente Noboa. La Comisión de Desarrollo Económico, encargada de tratar la propuesta, tenía programada una reunión para votar el informe del primer debate, pero esta fue reprogramada, lo que generó más incertidumbre entre los asistentes a la marcha.
El secretario Jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, asistió a la Comisión de Desarrollo Económico con la intención de defender el proyecto. Según el gobierno, la reforma establece una regla clara para que los GAD destinen un mínimo del 70% de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, así como a servicios públicos. Herrería argumentó que la falta de desarrollo en los gobiernos locales crea presión sobre el Estado central, que a menudo no puede suplir estas deficiencias debido a la estrechez económica.
Sin embargo, la propuesta ha generado opiniones divididas entre los gobiernos autónomos. La presidenta de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Yuri Colorado, expresó su apoyo a la normativa, aunque con algunas recomendaciones. Por otro lado, prefecturas como las de Pichincha, Guayas y Azuay, así como la alcaldía de Quito, han manifestado su oposición a la propuesta del gobierno.
La situación en Quito refleja un momento crítico en la política ecuatoriana, donde las decisiones del gobierno central tienen un impacto directo en la gestión local. La marcha liderada por Pabel Muñoz es un claro ejemplo de cómo las autoridades locales están dispuestas a movilizarse para defender sus intereses y los de sus comunidades. La discusión sobre la ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los GAD no solo es un tema legislativo, sino que también toca aspectos fundamentales de la gobernanza y la autonomía de los gobiernos locales en Ecuador. A medida que se avanza en el debate legislativo, será crucial observar cómo se desarrollan las negociaciones y si se logrará un consenso que beneficie a todas las partes involucradas.
