La mañana del 12 de febrero de 2026, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, lideró una marcha en la capital ecuatoriana junto a diversas autoridades locales, con el objetivo de manifestar su rechazo a la Ley Económica Urgente para Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Esta ley, enviada por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional, ha generado un amplio debate y controversia entre los gobiernos locales y el Ejecutivo.
La movilización, que reunió a cientos de personas, se dirigió hacia la Asamblea Nacional, donde se discutía el proyecto de ley. Durante la marcha, los participantes portaban carteles con mensajes como «Archivo a la reforma» y «Sin recursos, no hay gestión», evidenciando su preocupación por las implicaciones que tendría la aprobación de esta normativa en el presupuesto de los GAD.
### Implicaciones de la Ley Económica Urgente
Según los organizadores de la marcha, la aprobación de la ley significaría una reducción significativa en el presupuesto destinado a los GAD, lo que afectaría gravemente la atención social que brindan las alcaldías y prefecturas en Ecuador. La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien también se unió a la movilización, destacó que el gobierno central le debe a los gobiernos locales cerca de 1.000 millones de dólares, y que la nueva ley propone «licuar» esa deuda, lo que podría agravar aún más la situación financiera de los GAD.
La ley, que se encuentra en discusión, establece que los GAD deben destinar un mínimo del 70% de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, así como a servicios públicos. Sin embargo, las autoridades locales argumentan que esta medida no solo es insuficiente, sino que también podría llevar a una disminución de los recursos disponibles para la gestión local.
El secretario Jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, defendió el proyecto de ley ante la Comisión de Desarrollo Económico, argumentando que la falta de inversión en los gobiernos locales crea una presión adicional sobre el Estado central, que a menudo no puede satisfacer las necesidades de los GAD debido a la estrechez económica. Sin embargo, los críticos de la ley sostienen que esta no aborda las verdaderas causas de los problemas financieros que enfrentan los gobiernos locales.
### Reacciones y Seguridad en la Asamblea
La marcha provocó un despliegue de seguridad en los alrededores de la Asamblea Nacional, donde la Policía colocó vallas metálicas y restringió el acceso al Palacio Legislativo. Esta medida se tomó para garantizar la seguridad de los asistentes y evitar posibles altercados durante la manifestación.
Varios asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) se unieron a la protesta, mostrando su oposición al proyecto de ley enviado por el presidente Noboa. La situación en la Asamblea se tornó tensa, ya que la Comisión de Desarrollo Económico tenía previsto reunirse para votar el informe del primer debate, pero la sesión se reprogramó, generando incertidumbre entre los manifestantes.
La presidenta de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Yuri Colorado, expresó su apoyo a la normativa, aunque hizo recomendaciones para mejorarla. Sin embargo, la mayoría de las prefecturas y alcaldías, incluyendo Quito, se han manifestado en contra de la propuesta, argumentando que no se han tomado en cuenta sus necesidades y realidades locales.
La discusión sobre la Ley Económica Urgente refleja un conflicto más amplio entre el gobierno central y los gobiernos locales en Ecuador. A medida que se intensifican las protestas y las manifestaciones, queda claro que la relación entre ambas partes se encuentra en un punto crítico, y que las decisiones que se tomen en la Asamblea tendrán un impacto significativo en la gestión y el desarrollo de las comunidades locales en el país.
