El Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta una crisis de credibilidad tras una auditoría técnica independiente que detectó 12 fallos críticos en sus 17 sistemas informáticos clave, incluyendo el módulo de transmisión de resultados y la plataforma de verificación de identidad biométrica. El informe, entregado en junio de 2024 a la Comisión de Fiscalización del Consejo Legislativo, confirma vulnerabilidades que comprometen la integridad del proceso electoral previsto para noviembre de 2024 en Caracas, con consecuencias directas para más de 20,3 millones de electores registrados.
Fallos técnicos en sistemas centrales de votación
Según el informe técnico elaborado por el Grupo de Auditoría Electoral Independiente (GAEI), los fallos no son menores: incluyen ausencia de cifrado end-to-end en la transmisión de actas, falta de trazabilidad en los registros de acceso al sistema de escrutinio y ausencia de mecanismos de detección de manipulación en el módulo de consolidación de resultados.
El ingeniero en ciberseguridad Carlos Mendoza, miembro del GAEI, explicó: «En el sistema Sistema Integral de Transmisión de Resultados (SITR), encontramos que el 78 % de los servidores no registran intentos de acceso no autorizado. Eso no es un error de configuración: es una omisión deliberada de protocolos mínimos de seguridad».
La Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI), entidad supervisora del CNE, reconoció públicamente el 15 de julio que «se están implementando correctivos», pero no especificó plazos ni responsables. No obstante, el CNE no ha publicado ningún plan de mitigación ni ha convocado a una sesión técnica abierta con partidos políticos y observadores nacionales.
Respuesta institucional y silencio oficial
El CNE emitió un comunicado el 10 de julio que calificó los hallazgos como «análisis preliminares sin validación institucional». Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en una resolución del 18 de julio, ordenó al CNE «presentar un informe técnico detallado dentro de los próximos 15 días hábiles».
Voces de los afectados
«No podemos confiar en un sistema que no permite auditoría en tiempo real», afirmó María Elena Rondón, coordinadora nacional de la plataforma Observatorio Electoral Ciudadano, durante una rueda de prensa en Caracas el 22 de julio. Su organización documentó 34 incidentes técnicos durante las pruebas de simulacro del 5 de julio, incluyendo caídas prolongadas del sistema de verificación de cédulas.
El Partido Acción Democrática (AD) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República el 20 de julio, solicitando la apertura de una investigación por «omisión dolosa en la garantía de la transparencia electoral».
Antecedentes y contexto
Este episodio se inscribe en una línea de deterioro progresivo de la confianza en los procesos electorales venezolanos:
- En 2021, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea retiró su acompañamiento tras señalar «falta de condiciones mínimas para una elección justa».
- En 2022, el CNE admitió errores en la actualización del padrón electoral que dejaron fuera a 412.000 ciudadanos, según datos oficiales del Registro Electoral Nacional.
- En 2023, una auditoría del Consejo de Expertos en Tecnología Electoral (CETE) detectó que el 63 % de los centros de votación carecían de conexión estable a la red nacional de transmisión, lo que obligó al uso de medios alternativos no auditables.
- En abril de 2024, el CNE anunció la migración al nuevo sistema Voto Electrónico Integrado (VEI), pero no publicó su código fuente ni permitió auditoría externa previa, contraviniendo el Artículo 22 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que exige «acceso público a los mecanismos técnicos que garanticen la transparencia y verificabilidad».
Marco legal y responsabilidades pendientes
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Artículo 298, establece que «el CNE es un órgano autónomo e independiente, responsable de garantizar la transparencia, equidad y verificabilidad de los procesos electorales».
No obstante, el Reglamento Interno del CNE, aprobado en 2020, no contempla sanciones por incumplimiento de estándares técnicos de seguridad informática. Tampoco existe una norma que obligue a la publicación de informes de auditoría externa antes de cada proceso electoral.
El Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDP), organización con estatus consultivo ante la ONU, advirtió en su informe de julio que «la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas técnicas convierte al CNE en un actor opaco, no en un garante democrático».
La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional ha solicitado al Defensor del Pueblo la activación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Malos Tratos, argumentando que la falta de transparencia electoral constituye una violación estructural al derecho a la participación política, reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
