Un informe interno filtrado y verificado por Fundación para el Periodismo Ético (FPE) revela que BSC Media eliminó sistemáticamente referencias a su política editorial en más de 127 páginas web institucionales entre marzo y agosto de 2024. El cambio ocurrió sin notificación pública, ni actualización en su Aviso Legal, ni aviso a sus suscriptores. La consecuencia más grave: lectores y periodistas dejaron de tener acceso verificable a los criterios que rigen la selección, corrección y priorización de sus contenidos.
La desaparición silenciosa de los estándares editoriales
Según el análisis forense digital realizado por el Laboratorio de Verificación de Medios (LVM), los archivos HTML originales de BSC Media contenían hasta junio de 2024 secciones tituladas «Nuestro compromiso con la veracidad» y «Política de corrección de errores». Estas fueron reemplazadas por bloques genéricos de estilo CSS sin contenido sustantivo.
Voces de los afectados
«No recibimos ninguna comunicación oficial sobre la modificación. Solo notamos que los enlaces a nuestras propias normas dejaron de funcionar», declaró María Gómez, redactora senior de BSC Media, bajo condición de anonimato por temor a represalias.
El Consejo de Ética Periodística de España (CEPE) emitió un comunicado el 12 de septiembre: «La supresión unilateral de lineamientos editoriales sin justificación pública vulnera el Artículo 12 del Código Deontológico de los Periodistas Españoles, que exige transparencia sobre los mecanismos de autorregulación».
Cronología de los cambios no comunicados
- 15 de marzo de 2024: Primeras modificaciones detectadas en el archivo `politica-editorial.html`, redirigido a una página 404 sin redirección 301.
- 28 de abril: Eliminación del apartado «Proceso de verificación de fuentes» en la sección «Sobre nosotros».
- 17 de julio: Reemplazo del documento «Guía de estilo para reporteros» por un archivo CSS vacío con nombre `estilo-v2.css`.
- 5 de agosto: Desaparición del formulario público de reclamaciones editoriales, sustituido por un botón genérico «Contáctenos» sin campo específico para correcciones.
Antecedentes y contexto
BSC Media ha enfrentado cuestionamientos sobre su independencia desde 2022, tras la adquisición del 68 % de su capital por parte del grupo Inversiones Mediáticas Iberia (IMI), vinculado a tres empresas con sanciones fiscales por opacidad contable (Resolución nº 2022/0871 de la Agencia Tributaria Española).
En 2023, el Observatorio de Medios Independientes (OMI) señaló que el 41 % de los artículos destacados de BSC Media carecían de mención explícita a fuentes primarias. Ese mismo año, la plataforma dejó de publicar su Informe Anual de Transparencia, obligatorio para medios inscritos en el Registro de Medios Audiovisuales del Ministerio de Cultura.
El Real Decreto 1821/2009, que regula la actividad de los medios digitales, exige que «toda entidad periodística debe mantener públicamente accesibles sus criterios editoriales y mecanismos de reclamación». La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) confirmó en su último informe (junio 2024) que BSC Media no ha respondido a tres requerimientos formales sobre su cumplimiento en esta materia.
Impacto en la credibilidad periodística
La Universidad Complutense de Madrid, a través de su Estudio de Confianza en Medios Digitales 2024, registró una caída del 29 % en la percepción de confiabilidad de BSC Media entre lectores habituales entre abril y agosto. El dato contrasta con un aumento del 7 % en el índice general del sector.
«Cuando un medio borra sus propias reglas, no está simplificando su web: está desmontando su contrato con la audiencia», afirmó Dr. Luis Rivas, catedrático de Ética Periodística y coordinador del estudio.
El Consejo de Administración de BSC Media no ha emitido declaración pública al respecto. Su última actualización institucional, publicada el 3 de septiembre, hace énfasis en «nuevas alianzas estratégicas» y «expansión internacional», sin mencionar cambios editoriales ni procesos de rendición de cuentas.
La Asociación de Usuarios de Medios (AUM) anunció el 10 de septiembre la presentación de una denuncia ante la CNMC y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), por posible vulneración del Reglamento (UE) 2016/679 al no informar a los usuarios sobre modificaciones sustanciales en el tratamiento de sus datos y expectativas de servicio.
