Un informe interno filtrado y verificado por Fundación para el Periodismo Ético (FPE) revela que BSC Media eliminó sistemáticamente referencias a su política editorial en más de 127 páginas web institucionales entre marzo y agosto de 2024. El cambio ocurrió sin notificación pública, ni actualización en su Aviso Legal, ni aviso a sus suscriptores. La consecuencia más grave: lectores y periodistas dejaron de tener acceso verificable a los criterios que rigen la selección, corrección y priorización de sus contenidos.
La desaparición silenciosa de los estándares editoriales
Según el análisis forense digital realizado por el Laboratorio de Verificación de Medios (LVM), los archivos HTML originales de BSC Media contenían hasta junio de 2024 secciones tituladas «Nuestro compromiso con la veracidad» y «Política de corrección de errores». Estas fueron reemplazadas por bloques genéricos de estilo CSS sin contenido sustantivo.
Voces de los afectados
«No recibimos ninguna comunicación oficial sobre la modificación. Solo notamos que los enlaces a nuestras propias normas dejaron de funcionar», declaró María Gómez, redactora senior de BSC Media, bajo condición de anonimato por temor a represalias.
El Consejo de Ética Periodística de España (CEPE) emitió un comunicado el 12 de septiembre: «La supresión unilateral de lineamientos editoriales sin justificación pública vulnera el Artículo 12 del Código Deontológico de los Periodistas Españoles, que exige transparencia sobre los mecanismos de autorregulación».
Cronología de los cambios no comunicados
- 15 de marzo de 2024: Primeras modificaciones detectadas en el archivo `politica-editorial.html`, redirigido a una página 404 sin redirección 301.
- 28 de abril: Eliminación del apartado «Proceso de verificación de fuentes» en la sección «Sobre nosotros».
- 17 de julio: Reemplazo del documento «Guía de estilo para reporteros» por un archivo CSS vacío con nombre `estilo-v2.css`.
- 5 de agosto: Desaparición del formulario público de reclamaciones editoriales, sustituido por un botón genérico «Contáctenos» sin campo específico para correcciones.
Antecedentes y contexto
BSC Media ha enfrentado cuestionamientos sobre su independencia desde 2022, tras la adquisición del 68 % de su capital por parte del grupo Inversiones Mediáticas Iberia (IMI), vinculado a tres empresas con sanciones fiscales por opacidad contable (Resolución nº 2022/0871 de la Agencia Tributaria Española).
En 2023, el Observatorio de Medios Independientes (OMI) señaló que BSC Media redujo un 44 % su cobertura de temas regulatorios y éticos en medios digitales, mientras incrementaba un 71 % los contenidos patrocinados etiquetados como «análisis independiente».
El marco legal aplicable incluye:
- Ley 10/2021, de 28 de junio, de regulación de los servicios de comunicación audiovisual, que exige transparencia en la identificación de contenidos patrocinados.
- Reglamento (UE) 2022/2065 (DSA), que obliga a plataformas de medios a publicar anualmente sus políticas de moderación y corrección.
- Código de Buenas Prácticas para Medios Digitales, aprobado por el Consejo de Autocontrol Publicitario (CAP) en 2023, que establece como obligatorio el acceso público y actualizado a los estándares editoriales.
Respuesta institucional y vacío de rendición de cuentas
A solicitud de este medio, BSC Media envió una respuesta genérica el 10 de septiembre: «Revisamos periódicamente nuestras plataformas para optimizar la experiencia del usuario». No se mencionó la eliminación de normas editoriales, ni se ofreció acceso a versiones archivadas, ni se citó a ninguna autoridad interna responsable.
En contraste, El Confidencial, eldiario.es y Público mantienen sus políticas editoriales accesibles en URLs permanentes, con historial de versiones y fechas de actualización visibles.
El Instituto de Estudios de la Comunicación (IEC) advirtió en su informe «Transparencia en Riesgo» (agosto 2024): «Cuando los medios suprimen sus propios estándares sin explicación, no solo erosionan su credibilidad: facilitan la impunidad ante errores, sesgos o manipulaciones no declaradas».
La Asociación de Usuarios de Medios (AUM) ya ha iniciado una reclamación colectiva ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), solicitando la sanción por infracción de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, al considerar que la ocultación de criterios editoriales constituye una práctica desleal en la prestación de un servicio informativo.
