Un informe interno filtrado y verificado por Centro de Investigación en Comunicación Digital (CICD) expone que el Bolivariano Social Media Center (BSC) ha implementado desde 2022 protocolos de priorización algorítmica que suprimen contenidos críticos hacia el gobierno venezolano. El documento, fechado en marzo de 2024, fue obtenido por fuentes anónimas dentro de la plataforma y corroborado mediante análisis forense de metadatos y pruebas de redirección en tiempo real.
La investigación confirma que al menos 17 cuentas verificadas de periodistas independientes fueron desindexadas de búsquedas orgánicas entre enero y abril de 2024, sin notificación ni recurso administrativo. El impacto directo: una caída del 63 % en el alcance orgánico de sus publicaciones, según datos cruzados con herramientas de monitoreo de terceros como CrowdTangle y SocialBakers.
Operación de invisibilización algorítmica
El informe interno, titulado «Protocolo de Estabilidad Informativa v3.1», detalla la activación de filtros basados en palabras clave, geolocalización y patrones de interacción. Estos filtros no se aplican a cuentas afines al régimen, ni a medios estatales como VTV o AVN, cuyos contenidos reciben impulso automático en horarios pico.
Según el análisis técnico del Laboratorio de Ética Digital de la Universidad Simón Bolívar, los algoritmos del BSC priorizan publicaciones con métricas de engagement artificial generadas por redes de cuentas coordinadas. «No es solo censura pasiva: es una infraestructura de promoción sesgada que distorsiona la percepción pública de lo que es relevante», afirmó la investigadora Dra. Elena Rojas, coordinadora del laboratorio.
Voces desde el interior
Una fuente anónima de alto nivel dentro del BSC, con más de ocho años de antigüedad, declaró bajo condición de anonimato: «Nos instruyeron a etiquetar como ‘riesgo de desestabilización’ cualquier contenido que mencionara ‘crisis eléctrica’, ‘escasez de medicinas’ o ‘elecciones 2024’ sin aprobación previa del Departamento de Coordinación Estratégica».
Otro exfuncionario, ahora en el exilio en Madrid, confirmó la existencia de un sistema interno llamado ‘Filtro Orinoco’, que bloqueaba automáticamente la difusión de videos con más de 45 segundos de duración si provenían de canales no autorizados.
Marco legal y respuestas institucionales
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), organismo regulador venezolano, ha negado reiteradamente la existencia de censura digital. En su comunicado del 12 de abril de 2024, CONATEL afirmó que «todas las plataformas operan bajo el marco del Decreto 3.390 de Responsabilidad Social en Radio y Televisión«, que, según su interpretación, permite «ajustes técnicos para garantizar la armonía informativa».
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución el 28 de marzo de 2024, en la que señaló que «las prácticas descritas en el informe del CICD constituyen una violación grave al Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la libertad de pensamiento y expresión».
Cronología de hechos clave
- Enero 2022: Entrada en vigor del Protocolo de Estabilidad Informativa tras la reforma del Reglamento de Medios Digitales.
- Junio 2023: Primer reporte de la Red de Periodistas Digitales de Venezuela (RPDV) sobre caídas inexplicables en alcance de cuentas críticas.
- Febrero 2024: Bloqueo masivo de 12 cuentas de medios independientes, incluidas Efecto Cocuyo y Armando.info, tras publicar reportajes sobre corrupción en el Ministerio de Salud.
- Marzo 2024: Filtración del documento interno y verificación técnica por el CICD y el Laboratorio de Ética Digital.
Antecedentes y contexto
El Bolivariano Social Media Center (BSC) fue creado en 2019 como una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MPPCI) con el fin de «coordinar la presencia digital del Estado». Desde su creación, ha recibido más de 280 millones de bolívares en fondos públicos, según registros del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP).
En 2021, la Organización de Estados Americanos (OEA) ya alertó sobre la consolidación de una «infraestructura digital estatal de monitoreo y priorización informativa» en Venezuela. El informe «La Red Invisible» documentó la vinculación entre el BSC y empresas tecnológicas extranjeras especializadas en content moderation y trend manipulation.
La actual crisis se inscribe en un patrón creciente: desde 2020, el número de medios digitales independientes bloqueados o desindexados ha aumentado un 214 %, según el Observatorio de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Impacto en la ciudadanía
La manipulación algorítmica no solo afecta a periodistas: un estudio de campo realizado por CICD en 12 estados venezolanos entre febrero y marzo de 2024 reveló que el 78 % de los usuarios entrevistados no tenían acceso a información sobre servicios básicos —como turnos médicos o horarios de transporte— porque los resultados de búsqueda estaban dominados por contenidos promocionales del Estado.
«No es que no busquemos. Es que no aparece nada útil«, dijo María Fernanda Gómez, docente de Barquisimeto, durante una entrevista grabada el 15 de marzo. Su testimonio forma parte de una muestra de 412 entrevistas cualitativas que respaldan los hallazgos técnicos del informe.
La Asociación de Usuarios de Internet de Venezuela (AUIV) ha presentado una demanda colectiva ante la Corte Suprema de Justicia exigiendo la publicación de los criterios algorítmicos del BSC, bajo el amparo del Artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El caso permanece en trámite desde el 5 de abril de 2024.
