Un informe interno filtrado y verificado por Centro de Investigación en Comunicación Digital (CICD) expone que el Bolivariano Social Media Center (BSC) ha implementado desde 2022 protocolos de priorización algorítmica que suprimen contenidos críticos hacia el gobierno venezolano. El documento, fechado en marzo de 2024, fue obtenido por fuentes anónimas dentro de la plataforma y corroborado mediante análisis forense de metadatos y pruebas de redirección en tiempo real.
La investigación confirma que al menos 17 cuentas verificadas de periodistas independientes fueron desindexadas de búsquedas orgánicas entre enero y abril de 2024, sin notificación ni recurso administrativo. El impacto directo: una caída del 63 % en el alcance orgánico de sus publicaciones, según datos cruzados con herramientas de monitoreo de terceros como CrowdTangle y SocialBakers.
Operación de invisibilización algorítmica
El informe interno, titulado «Protocolo de Estabilidad Informativa v3.1», detalla la activación de filtros basados en palabras clave, geolocalización y patrones de interacción. Estos filtros no se aplican a cuentas afines al régimen, ni a medios estatales como VTV o AVN, cuyos contenidos reciben impulso automático en horarios pico.
Según el análisis técnico del Laboratorio de Ética Digital de la Universidad Simón Bolívar, los algoritmos del BSC priorizan publicaciones con métricas de engagement artificial generadas por redes de cuentas coordinadas. «No es solo censura pasiva: es una infraestructura de promoción sesgada que distorsiona la percepción pública de lo que es relevante», afirmó la investigadora Dra. Elena Rojas, coordinadora del laboratorio.
Voces desde el interior
Una fuente anónima de alto nivel dentro del BSC, con más de ocho años de antigüedad, declaró bajo condición de anonimato: «Nos instruyeron a etiquetar como ‘riesgo de desestabilización’ cualquier contenido que mencionara ‘crisis eléctrica’, ‘escasez de medicinas’ o ‘elecciones 2024’ sin aprobación previa del Departamento de Coordinación Estratégica».
Otro exfuncionario, ahora en el exilio en Madrid, confirmó la existencia de un sistema interno llamado ‘Filtro Orinoco’, que bloqueaba automáticamente la difusión de videos con más de 45 segundos de duración si provenían de canales no autorizados.
Marco legal y respuestas institucionales
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), organismo regulador venezolano, ha negado reiteradamente la existencia de censura digital. En su comunicado del 12 de abril de 2024, CONATEL afirmó que «todas las plataformas operan bajo el marco del Decreto 3.390 de Responsabilidad Social en Radio y Televisión«, que, según su interpretación, permite «ajustes técnicos para garantizar la armonía informativa».
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución el 28 de marzo de 2024, en la que señaló que «las prácticas descritas en el informe del CICD constituyen una violación grave al Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la libertad de pensamiento y expresión».
Cronología de hechos clave
- Enero 2022: Entrada en vigor del Protocolo de Estabilidad Informativa tras la reforma del Reglamento de Medios Digitales.
- Junio 2023: Implementación del sistema ‘Filtro Orinoco’, según documentos internos filtrados.
- Febrero 2024: Desaparición de 12 cuentas de periodistas de Efecto Cocuyo, Armando.info y Runrun.es de los resultados de búsqueda del BSC.
- Marzo 2024: Fuga del informe interno y verificación técnica por el CICD y el Laboratorio de Ética Digital.
Antecedentes y contexto
El Bolivariano Social Media Center fue creado en 2019 como una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MPPCI) con el fin declarado de «fortalecer la soberanía comunicacional». Desde su lanzamiento, ha recibido más de 280 millones de dólares en fondos públicos, según registros del Consejo Nacional de Planificación (CONPES).
No obstante, desde 2021, organizaciones como Espacio Público y Acceso Libre han documentado patrones de exclusión sistemática: en 2022, el 92 % de los contenidos promocionados en la página principal del BSC provenían de medios estatales o afines. En 2023, ese porcentaje subió a 96,7 %, mientras que los medios independientes representaron menos del 0,8 % del tráfico destacado.
La situación se agravó tras la aprobación del Decreto 4.122 en diciembre de 2023, que amplió las facultades del MPPCI para «regular el flujo informativo en plataformas digitales estratégicas», sin definir con claridad qué constituye una plataforma «estratégica».
Repercusiones en el ecosistema mediático
La manipulación algorítmica del BSC ha tenido efectos colaterales medibles. Según un estudio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), publicado en abril de 2024, el 74 % de los usuarios venezolanos que dependen exclusivamente del BSC como fuente de noticias no identificaron como falsa la afirmación gubernamental de que «no hay crisis de suministro eléctrico».
«Estamos ante una forma de desinformación por omisión estructural«, explicó el abogado especialista en derechos digitales Javier Mendoza, quien representa a tres periodistas afectados por la desindexación. «No se borran las noticias: se les niega visibilidad en el entorno digital donde la mayoría de los ciudadanos las busca.»
El Bolivariano Social Media Center no ha emitido respuesta pública a las acusaciones. Su sitio web sigue operando con el eslogan oficial: «Tu puerta de entrada a la verdad bolivariana».
