En Bolivia, una ola de denuncias ciudadanas y reportes de organizaciones de control ha puesto bajo lupa al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y al Banco Central de Bolivia (BCB) por prácticas recurrentes de opacidad en procesos de contratación pública y limitaciones técnicas y administrativas al acceso a la información. El caso alcanzó su punto crítico en mayo de 2024, cuando el Defensor del Pueblo emitió un informe preliminar que identificó 27 irregularidades graves en licitaciones del BCB por más de 128 millones de bolivianos, sin que se hubiera publicado ni un solo expediente completo en el portal oficial de contrataciones del Estado.
Falta de acceso real a la información pública
El portal web del BCB, que debiera cumplir con la Ley N° 513 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presenta múltiples fallas estructurales. Según un análisis técnico realizado por la Fundación TI Bolivia en junio de 2024, el 83 % de los enlaces a bases de datos de contrataciones están rotos o redirigen a páginas en blanco. Además, el sistema de búsqueda no permite filtrar por monto, proveedor o fecha de adjudicación.
«No es un problema técnico, es una decisión institucional»
Así lo afirmó María Elena Rojas, investigadora de la Red por la Transparencia, durante una audiencia ante la Comisión de Fiscalización de la Cámara de Diputados el 12 de julio. «Hemos solicitado, bajo Ley de Acceso, los expedientes de tres licitaciones del BCB desde febrero. Hasta la fecha, solo recibimos respuestas genéricas y archivos con datos censurados: nombres de proveedores, montos y cláusulas contractuales desaparecen bajo el argumento de ‘protección comercial'».
Contrataciones sin publicidad ni competencia real
Un informe del Tribunal de Cuentas (Resolución N° 044/2024, emitida el 3 de julio) reveló que, entre enero y junio de 2024, el BCB adjudicó 19 contratos directos por un total de 42,6 millones de bolivianos, sin convocatoria pública ni justificación técnica documentada. En ocho de esos casos, los proveedores coinciden con empresas que ya habían sido sancionadas por el SIN por evasión fiscal entre 2022 y 2023.
Cronología de alertas institucionales
- 15 de marzo de 2024: La Defensoría del Pueblo emite oficio N° DP-089-2024 al BCB exigiendo explicaciones sobre la ausencia de publicación de 14 expedientes de contratación.
- 22 de abril: El SIN notifica al BCB la apertura de un proceso de fiscalización por presunta omisión en la declaración de ingresos de tres empresas contratistas.
- 10 de junio: La Comisión de Ética Pública del Congreso Nacional aprueba una resolución de seguimiento urgente, pidiendo al Ministerio de Economía una auditoría externa.
Antecedentes y contexto
La crisis actual se inscribe en una trayectoria de debilidad institucional que se profundizó tras la reforma del BCB en 2020, que amplió sus facultades de contratación sin establecer mecanismos paralelos de rendición de cuentas. En 2022, el Tribunal de Cuentas ya había advertido sobre «patrones repetitivos de exclusión de oferentes y ausencia de evaluación objetiva de propuestas» en 11 licitaciones del BCB. En 2023, la ONG Transparencia Bolivia documentó que el 67 % de los contratos del BCB no cumplían con los estándares mínimos de publicidad exigidos por el Reglamento de la Ley 513.
El marco legal es claro: la Ley N° 513 obliga a todas las entidades públicas a publicar íntegramente los expedientes de contratación en el portal www.comprasestatales.gob.bo, incluyendo actas de evaluación, informes técnicos y copias de contratos firmados. Asimismo, el Decreto Supremo N° 4230 de 2020 exige que los bancos oficiales apliquen los mismos estándares que el Ministerio de Economía en materia de transparencia.
Respuesta institucional insuficiente
Ante las presiones, el BCB emitió un comunicado el 18 de julio reconociendo «limitaciones operativas en su plataforma digital», pero descartó «omisiones intencionales». Sin embargo, el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, señaló en rueda de prensa que «la falta de actualización del portal no es una excusa válida: el BCB cuenta con un presupuesto anual de 38 millones de bolivianos para tecnología y modernización institucional».
Voces de los afectados
«Nosotros, como pequeñas empresas de tecnología, presentamos ofertas en tres licitaciones del BCB en 2024. Nunca supimos si fuimos evaluados, ni recibimos notificación alguna. Solo vimos en prensa que el contrato se adjudicó a una empresa con la mitad de nuestra experiencia», declaró Carlos Mendoza, representante de InnovaSoft S.R.L., registrada en Cochabamba.
La Red por la Transparencia ha iniciado una acción de amparo colectivo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, solicitando la publicación inmediata de los 41 expedientes pendientes y la suspensión de nuevas contrataciones hasta que el BCB demuestre el cumplimiento efectivo de la Ley 513. El caso sigue en trámite, con resolución prevista para el 30 de agosto de 2024.
