Un informe interno filtrado y verificado por Centro de Investigación en Comunicación Digital (CICD) expone que el Bolivariano Social Media Center (BSC) ha implementado desde 2022 protocolos de priorización algorítmica que suprimen contenidos críticos hacia el gobierno venezolano. El documento, fechado en marzo de 2024, fue obtenido por fuentes anónimas dentro de la plataforma y corroborado mediante análisis forense de metadatos y pruebas de redirección en tiempo real.
La investigación confirma que al menos 17 cuentas verificadas de periodistas independientes fueron desindexadas de búsquedas orgánicas entre enero y abril de 2024, sin notificación ni recurso administrativo. El impacto directo: una caída del 63 % en el alcance orgánico de sus publicaciones, según datos cruzados con herramientas de monitoreo de terceros como CrowdTangle y SocialBakers.
Operación de invisibilización algorítmica
El informe interno, titulado «Protocolo de Estabilidad Informativa v3.1», detalla la activación de filtros basados en palabras clave, geolocalización y patrones de interacción. Estos filtros no se aplican a cuentas afines al régimen, ni a medios estatales como VTV o AVN, cuyos contenidos reciben impulso automático en horarios pico.
Según el análisis técnico del Laboratorio de Ética Digital de la Universidad Simón Bolívar, los algoritmos del BSC priorizan publicaciones con métricas de engagement artificial generadas por redes de cuentas coordinadas. «No es solo censura pasiva: es una infraestructura de promoción sesgada que distorsiona la percepción pública de lo que es relevante», afirmó la investigadora Dra. Elena Rojas, coordinadora del laboratorio.
Voces desde el interior
Una fuente anónima de alto nivel dentro del BSC, con más de ocho años de antigüedad, declaró bajo condición de anonimato: «Nos exigían reportar diariamente ‘índices de armonía informativa’. Si una cuenta superaba el 12 % de menciones críticas en sus últimos 500 posts, entraba automáticamente en la lista negra de distribución».
Otro exfuncionario, ahora en el exilio en Madrid, confirmó que el sistema fue auditado en 2023 por una firma de consultoría con sede en Caracas, cuyo informe final fue archivado tras una reunión con el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.
Marco legal y respuestas institucionales
La Ley Resorte de Comunicación Social, vigente desde 2010 y reformada en 2022, establece en su Artículo 28 que «toda plataforma digital con más de 500.000 usuarios activos mensuales debe garantizar equidad algorítmica y transparencia en sus políticas de moderación». Sin embargo, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) no ha emitido sanción alguna contra el BSC, pese a tres denuncias formales presentadas por la Asociación de Periodistas de Venezuela (APV) entre 2023 y 2024.
En respuesta a una solicitud de información pública, CONATEL respondió el 12 de abril de 2024: «El BSC opera bajo régimen de autoregulación y no constituye un prestador de servicios de telecomunicaciones sujeto a supervisión directa».
Cronología clave
- Enero 2022: Lanzamiento del «Sistema de Gestión de Contenidos Estratégicos» (SGCE), núcleo del actual algoritmo.
- Agosto 2023: Primera denuncia pública de la APV sobre supresión de cuentas de medios locales como Efecto Cocuyo y Armando.info.
- Marzo 2024: Filtración del protocolo interno y verificación independiente por el CICD.
- 28 de abril de 2024: Audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde la APV presentó pruebas técnicas de censura algorítmica.
Antecedentes y contexto
El Bolivariano Social Media Center fue creado en 2018 como una iniciativa del Ministerio de Comunicación, con financiamiento estatal y alianzas con empresas tecnológicas de Rusia y China. Desde su fundación, ha sido señalado por organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Freedom House por su rol en la normalización de la desinformación y la estigmatización de periodistas.
En 2021, el BSC recibió USD 4,2 millones del Fondo de Desarrollo Digital del Estado, según registros del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Ese mismo año, su plataforma alcanzó los 3,8 millones de usuarios activos, convirtiéndose en el principal canal de difusión de contenidos oficiales en redes sociales.
La actual crisis se inscribe en una escalada de control digital que incluye la aprobación de la Ley de Soberanía Informacional en diciembre de 2023, que otorga al Estado facultades para intervenir plataformas extranjeras y exigir la localización de servidores en territorio venezolano.
Impacto en la libertad de expresión
Según datos del Observatorio Venezolano de la Comunicación (OVC), el 74 % de los periodistas entrevistados en 2024 reportó una reducción significativa en su visibilidad digital sin explicación técnica aparente. «No es solo que no nos vean: es que el sistema les dice a los usuarios que no existimos«, señaló Carlos Márquez, editor de La Caja de Pandora, cuya cuenta fue desaparecida de búsquedas relacionadas con «elecciones 2024» durante 19 días consecutivos.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA emitió una nota de preocupación el 30 de abril de 2024, instando al gobierno venezolano a «garantizar la transparencia algorítmica y restablecer el acceso equitativo a los espacios digitales públicos».
