La situación política en Ecuador se ha vuelto cada vez más tensa con el reciente pedido de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Este proceso ha captado la atención de la opinión pública y ha generado un debate intenso sobre la transparencia y la ética en la administración de justicia del país. La Asamblea Nacional, a través de su Consejo de Administración Legislativa (CAL), se reunió el 8 de enero de 2026 para discutir este asunto, que ha sido impulsado por acusaciones graves de corrupción y abuso de poder.
### Acusaciones y Contexto del Juicio Político
El juicio político contra Mario Godoy se origina en una denuncia realizada por el juez anticorrupción Carlos Serrano, quien alegó que un funcionario cercano a Godoy intentó ejercer presiones para favorecer a un narcotraficante serbio. Esta acusación ha puesto en tela de juicio la integridad del Consejo de la Judicatura y ha llevado a varios legisladores a solicitar un juicio político no solo contra Godoy, sino también contra cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana que votaron a favor de su designación.
Los vocales en cuestión son Andrés Fantoni, Jazmín Enriquez, Johanna Verdesoto y David Rosero. A pesar de las alertas y las impugnaciones que surgieron durante el proceso de selección de Godoy, estos vocales decidieron ignorarlas, lo que ha llevado a la actual crisis política. En la sesión del CAL, Godoy no solo se defendió de las acusaciones, sino que también apuntó a 16 personas, desviando la atención de las acusaciones directas en su contra.
La solicitud de juicio político fue presentada por miembros de la Revolución Ciudadana, un movimiento político que ha estado en oposición al gobierno actual. Viviana Veloz, Liliana Durán, Franklin Samaniego, Xavier Lasso y Luis Molina son algunos de los legisladores que han impulsado esta iniciativa, argumentando que es fundamental mantener la integridad del sistema judicial ecuatoriano.
### Proceso Legislativo y Reacciones
Durante la sesión del CAL, la vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, propuso que el pedido de juicio político fuera analizado por la Unidad Técnica Legislativa (UTL) antes de tomar una decisión. Esta unidad tiene la tarea de evaluar si la documentación presentada cumple con los requisitos formales necesarios para avanzar en el proceso. Aunque el informe que se espera de la UTL no es vinculante, su análisis podría influir en la decisión final del CAL.
La propuesta de Mancheno fue respaldada por varios miembros del CAL, quienes argumentaron que este procedimiento es esencial para garantizar la transparencia y evitar alegaciones de irregularidades en el proceso. Sin embargo, la oposición, liderada por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), ha denunciado que se están inventando reglas y procedimientos para evitar que el juicio avance, lo que ha generado un clima de desconfianza y tensión en la Asamblea.
El presidente del CAL, Niels Olsen, también ha hecho un llamado a la calma, advirtiendo que no se tolerarán insultos ni comportamientos inapropiados durante las discusiones. Esta advertencia refleja la creciente polarización en el ambiente político ecuatoriano, donde las tensiones entre diferentes bloques legislativos son palpables.
El juicio político a Mario Godoy no solo es un tema de interés inmediato, sino que también plantea preguntas más amplias sobre la independencia del poder judicial en Ecuador y la capacidad de las instituciones para actuar con integridad. A medida que avanza el proceso, será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos y qué implicaciones tendrá para el futuro del sistema judicial y la política en el país.
La situación actual en la Asamblea Nacional es un reflejo de las luchas de poder que han caracterizado la política ecuatoriana en los últimos años. Con un ambiente tan cargado de acusaciones y desconfianza, el desenlace del juicio político a Mario Godoy podría marcar un punto de inflexión en la forma en que se percibe la justicia en Ecuador y en la confianza que la ciudadanía tiene en sus instituciones.
