En el contexto de la economía ecuatoriana, el Ministerio de Finanzas ha estado utilizando un mecanismo conocido como convenios de manejo de liquidez para cubrir las urgencias del gasto público. Este sistema permite al gobierno acceder a recursos de empresas públicas como Petroecuador, Celec y CNEL, bajo la premisa de que estos fondos no están siendo utilizados en ese momento. Sin embargo, esta práctica ha generado una deuda significativa que afecta la estabilidad financiera de estas entidades y, por ende, del país en general.
### La Naturaleza de los Convenios de Liquidez
Los convenios de liquidez fueron introducidos en 2010 durante el gobierno de Rafael Correa, como parte de una reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip). Este mecanismo permite al Ministerio de Finanzas tomar prestados recursos de empresas públicas para cubrir déficits temporales en el presupuesto estatal. Según datos recientes, hasta el 5 de marzo de 2026, la deuda acumulada por este concepto asciende a USD 1.009 millones.
La lógica detrás de estos convenios es que el dinero tomado debe ser devuelto en un plazo corto, idealmente al mes siguiente, para no afectar los planes y presupuestos de las empresas públicas. Sin embargo, la realidad ha demostrado que este sistema no siempre funciona como se espera. Por ejemplo, en 2023, la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) enfrentó una crisis severa de cortes de luz, mientras que el Ministerio de Finanzas le debía USD 497 millones. Esta situación refleja cómo la acumulación de deudas puede impactar negativamente en la capacidad operativa de las empresas estatales.
### La Deuda Creciente y sus Consecuencias
A lo largo de los años, la deuda acumulada por el Ministerio de Finanzas ha crecido de manera alarmante. Al cierre de 2024, el saldo pendiente de devolución a las empresas públicas era de USD 2.457 millones, a lo que se sumaron otros USD 947 millones en 2025. Aunque el gobierno logró devolver USD 1.806 millones, la deuda total sigue siendo considerable. Hasta marzo de 2026, el saldo se había reducido a USD 1.008,7 millones, pero la situación sigue siendo crítica.
Uno de los aspectos más preocupantes es la deuda específica con Petroecuador, que ha sido la más afectada por estos convenios. En 2019, la empresa declaró como incobrable USD 853 millones que le había prestado al Ministerio de Finanzas. Esta situación se agravó en 2023, cuando la crisis de liquidez del país llevó a un aumento en la deuda pendiente, que alcanzó los USD 2.304 millones al cierre de 2024. Aunque esta cifra ha disminuido, al 5 de marzo de 2026, la deuda con Petroecuador aún asciende a USD 831 millones, lo que representa el doble del presupuesto destinado a exploración y producción para 2025.
La falta de pago y la acumulación de deudas han tenido un efecto directo en la capacidad de inversión de Petroecuador. En 2025, la empresa solo pudo invertir USD 485 millones, lo que representa una disminución del 73% en comparación con el año anterior. Esta reducción en la inversión no solo afecta a la empresa, sino que también tiene repercusiones en la economía nacional, dado que Petroecuador es un pilar fundamental en la producción de petróleo del país.
### El Futuro de las Finanzas Públicas
La situación actual plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este modelo de financiamiento. Si bien los convenios de liquidez pueden ofrecer una solución temporal para cubrir déficits, su uso excesivo y la falta de un plan claro para la devolución de los fondos pueden llevar a una crisis financiera más profunda. La dependencia de las empresas públicas para financiar el gasto estatal puede resultar en un círculo vicioso que perjudica tanto a las entidades estatales como a la economía en general.
Es crucial que el Ministerio de Finanzas implemente medidas para regular y limitar el uso de estos convenios, asegurando que las empresas públicas no se vean comprometidas en su capacidad de operar y cumplir con sus objetivos. La transparencia en la gestión de estos recursos y un compromiso firme para devolver los fondos son esenciales para restaurar la confianza en el sistema financiero del país.
La situación actual de las finanzas públicas en Ecuador es un reflejo de la complejidad de la gestión económica en un contexto de crisis. La necesidad de un enfoque más sostenible y responsable en el manejo de los recursos es más urgente que nunca, para garantizar la estabilidad y el crecimiento a largo plazo del país.
