La administración de Daniel Noboa ha sido marcada por un creciente secretismo en la gestión pública, lo que ha generado preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Desde su llegada al poder, el Ejecutivo ha clasificado un número significativo de decisiones y documentos como reservados, dificultando el acceso a la información pública. Este fenómeno no solo afecta la confianza de los ciudadanos en sus líderes, sino que también plantea interrogantes sobre la legalidad y la ética de tales prácticas.
Uno de los aspectos más controvertidos de esta tendencia es la reciente clasificación de la agenda del presidente Noboa como «confidencial». Esta decisión ha sido defendida por el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, quien argumenta que se trata de reuniones relacionadas con la seguridad y el comercio. Sin embargo, esta justificación ha sido recibida con escepticismo, ya que no se había visto un precedente similar en los viajes anteriores de Noboa o de sus predecesores. La falta de claridad sobre el contenido de estas reuniones ha alimentado la percepción de que el gobierno está ocultando información crucial al público.
### La Clasificación de Información: Confidencial vs. Reservada
En Ecuador, la Ley de Transparencia establece claramente las diferencias entre información confidencial y reservada. La información confidencial se refiere a datos que, si se revelan, podrían dañar intereses personales, como la privacidad o los secretos comerciales. Por otro lado, la información reservada se refiere a aquella cuya divulgación podría poner en riesgo intereses públicos, como la defensa nacional o la seguridad del Estado.
El uso de la clasificación de información reservada ha aumentado significativamente bajo la administración de Noboa. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, el Ejecutivo concentró el 82% de las declaratorias de información reservada en 2024, lo que equivale a 1,471 documentos. Este uso excesivo de la reserva ha sido criticado, ya que muchas de las instituciones que recurren a esta figura no pertenecen al sector de seguridad, lo que sugiere que el secretismo se ha convertido en una norma más que en una excepción.
La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) es un ejemplo notable de esta tendencia. En 2024, la CNT clasificó 680 documentos como reservados, lo que representa el 38% del total de documentos reservados en el Estado. Esta situación ha llevado a la negación de acceso a información pública, como los contratos firmados con empresas tecnológicas clave, lo que ha generado un clima de desconfianza entre los ciudadanos y el gobierno.
### La Respuesta del Gobierno y las Implicaciones Legales
La administración de Noboa ha intentado justificar el secretismo en torno a la información pública, argumentando que es necesario para proteger la seguridad del Estado. Sin embargo, las justificaciones presentadas no siempre cumplen con los requisitos legales establecidos en la Ley de Transparencia. Por ejemplo, para clasificar información como reservada, se requiere una resolución firmada por la máxima autoridad responsable, que explique los motivos de la reserva y los riesgos asociados a la divulgación de dicha información. Sin embargo, muchas de las resoluciones emitidas por el gobierno carecen de esta claridad y justificación.
El aumento del secretismo también ha llevado a una serie de contradicciones en las respuestas del gobierno. Por ejemplo, la Agencia de Regulación de Telecomunicaciones (Arcotel) inicialmente indicó que ciertos contratos estaban en proceso de inscripción y que la información sería accesible. Sin embargo, en una respuesta posterior, la misma agencia contradijo su declaración anterior, afirmando que la información era confidencial. Esta falta de coherencia en la comunicación gubernamental ha contribuido a la percepción de que el gobierno está utilizando el secretismo como una herramienta para evitar la rendición de cuentas.
La situación se complica aún más cuando se considera que la Ley de Transparencia establece que cualquier clasificación de información que no cumpla con sus mandatos se presumirá fraudulenta. Esto implica que los funcionarios que clasifiquen información de manera inapropiada podrían enfrentar consecuencias legales. Sin embargo, hasta ahora, no ha habido un seguimiento efectivo de estas disposiciones, lo que sugiere una falta de voluntad política para abordar el problema del secretismo.
En resumen, el aumento del secretismo en la administración de Daniel Noboa plantea serias preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno. La clasificación de información como reservada o confidencial ha sido utilizada de manera excesiva y, en muchos casos, sin la justificación adecuada. A medida que el gobierno continúa enfrentando críticas por su falta de transparencia, es fundamental que se establezcan mecanismos efectivos para garantizar el acceso a la información pública y proteger los derechos de los ciudadanos.
