La industria atunera de Ecuador se encuentra en un momento crucial a inicios de 2026, con la esperanza de que la Unión Europea (UE) levante la tarjeta amarilla que ha estado vigente durante seis años. Esta situación ha generado un clima de expectativa en el sector, especialmente con la próxima reunión programada en Bruselas para el 21 y 22 de enero, donde se discutirán las condiciones para la posible eliminación de esta sanción.
La tarjeta amarilla fue impuesta a Ecuador en 2019 debido a deficiencias en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU). Desde entonces, el país ha trabajado arduamente para cumplir con las observaciones realizadas por la UE. La viceministra de Acuacultura y Pesca, Ivanova Cereceda, afirmó que Ecuador ha implementado un marco legal robusto, que incluye la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, vigente desde 2020, así como un sistema de trazabilidad avanzado y un esquema sancionatorio fortalecido.
Durante una reunión reciente en Manta, Manabí, la ministra de Gobierno, Nathaly Morillo, se reunió con representantes de los sectores productivos para abordar no solo la situación del sector pesquero, sino también temas de seguridad, salud y obras públicas. Esta reunión subraya la importancia del sector atunero para la economía ecuatoriana, que ha mantenido un crecimiento sostenido a pesar de la advertencia de la UE.
### Avances en la Lucha Contra la Pesca Ilegal
Ecuador ha tomado medidas significativas para mejorar su imagen ante la UE. La viceministra Cereceda destacó que el país cuenta con uno de los sistemas de trazabilidad más avanzados a nivel mundial, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este reconocimiento es un testimonio del compromiso de Ecuador para cumplir con las normativas internacionales y garantizar la sostenibilidad de sus recursos pesqueros.
La industria atunera ecuatoriana es un pilar fundamental de la economía nacional, con proyecciones de alcanzar los 2.500 millones de dólares en exportaciones este año, y más de 10.500 millones de dólares si se incluye la acuicultura. Aproximadamente el 31% de la producción nacional se destina a la exportación, lo que resalta la importancia de este sector no solo para el país, sino también en el mercado internacional, donde Ecuador es reconocido como uno de los principales exportadores de atún y camarón.
Sin embargo, a pesar de los avances, la presión de organizaciones como WWF ha llevado a la necesidad de implementar medidas más estrictas para evitar la sobrepesca de atún en Ecuador y otros países de la región. Esto plantea un desafío adicional para el sector, que debe equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental.
### Perspectivas Futuras para el Sector Atunero
Las proyecciones para el sector atunero en 2026 son optimistas, siempre y cuando se mantenga la demanda global y se preserven los acuerdos comerciales existentes. La Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (CEIPA) ha señalado que el crecimiento podría oscilar entre el 2% y el 3% en valor, con un enfoque especial en conservas y productos listos para el consumo. Esto dependerá en gran medida de la consolidación del mercado de la UE como el principal destino de las exportaciones ecuatorianas.
Además, la diversificación hacia otros mercados como Estados Unidos, América del Sur, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Corea y China se ha convertido en una estrategia clave para fortalecer la competitividad y resiliencia del sector. La CEIPA ha enfatizado la importancia de mantener y expandir estas relaciones comerciales para asegurar el futuro del sector atunero ecuatoriano.
En resumen, Ecuador se encuentra en una encrucijada importante en su camino hacia la recuperación de su reputación en el ámbito pesquero. Con la reunión en Bruselas a la vista y los esfuerzos realizados para cumplir con las normativas internacionales, el país espera que la UE levante la tarjeta amarilla y permita que la industria atunera continúe su crecimiento y desarrollo sostenible. La combinación de un marco legal sólido, un sistema de trazabilidad avanzado y un compromiso con la sostenibilidad son factores clave que podrían determinar el futuro del sector en los próximos años.
