La reciente solicitud de licencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ha desatado una serie de reacciones y tensiones en el ámbito político ecuatoriano. Godoy ha solicitado una licencia desde el 30 de diciembre de 2025 hasta el 2 de enero de 2026, justo antes de su comparecencia ante la Asamblea Nacional. Esta decisión ha generado un debate sobre la sucesión en el Consejo y la confianza en su suplente, Alexandra Villacís.
### La Solicitud de Licencia y el Contexto Político
Mario Godoy ha argumentado que su licencia es necesaria para preparar su defensa ante la Asamblea Nacional, en medio de acusaciones de presiones sobre el juez anticorrupción Carlos Serrano. Estas presiones están relacionadas con el caso del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, quien está siendo procesado en el caso Euro 2024. Godoy ha enfrentado un creciente escrutinio público y político, especialmente tras las recomendaciones del presidente Daniel Noboa para que renuncie a su cargo.
El 22 de diciembre, Godoy se pronunció en una entrevista, prometiendo que su intervención en la Asamblea sería contundente y que revelaría información que podría alterar el panorama político. Sin embargo, su silencio sobre la recomendación de renuncia ha generado incertidumbre sobre su futuro en el Consejo de la Judicatura.
La situación se complica aún más con la presentación de un pedido de juicio político en su contra por parte de la bancada correísta. Este movimiento ha intensificado las tensiones entre diferentes sectores políticos, especialmente entre el oficialismo y la oposición. La figura de Godoy se ha convertido en un punto focal de la lucha política, donde su permanencia o salida del cargo podría tener repercusiones significativas en el sistema judicial del país.
### La Sucesión y la Confianza en Alexandra Villacís
Durante la ausencia de Godoy, la presidencia del Consejo de la Judicatura será asumida por su suplente, Alexandra Villacís. Sin embargo, su nombramiento no es bien recibido por todos. La bancada oficialista de ADN ha expresado desconfianza hacia Villacís, vinculándola con el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Esta desconfianza se traduce en un clima de incertidumbre sobre la dirección que tomará el Consejo durante la ausencia de Godoy.
Valentina Centeno, jefa de bloque de ADN, ha manifestado que la designación de Villacís es un intento de recuperar favores políticos, sugiriendo que su nombramiento responde a intereses que no benefician al actual gobierno. Esta situación ha desencadenado una guerra digital entre los partidos políticos, donde se cuestiona la legitimidad de Villacís como presidenta interina.
A medida que se acerca la fecha de la comparecencia de Godoy ante la Asamblea, se intensifican las discusiones sobre su posible renuncia definitiva. Si Godoy decide renunciar, la ley establece que Villacís debe asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura hasta 2031. Sin embargo, ya se están considerando alternativas para evitar que esto ocurra, lo que podría incluir la presentación de una nueva terna para la presidencia del Consejo.
Expertos legales han señalado que cualquier intento de evitar que Villacís asuma el cargo podría ser considerado contrario a la normativa vigente, lo que añade un nivel adicional de complejidad a la situación. En este contexto, la Corte Nacional de Justicia también está evaluando la posibilidad de que su presidente, José Suing, renuncie, lo que podría alterar aún más el equilibrio de poder dentro del sistema judicial.
La crisis en el Consejo de la Judicatura refleja no solo las tensiones internas dentro del sistema judicial, sino también las luchas de poder que caracterizan la política ecuatoriana. A medida que se desarrollan los acontecimientos, la atención se centrará en cómo se resolverá esta crisis y qué implicaciones tendrá para la justicia en Ecuador. La situación actual pone de manifiesto la fragilidad de las instituciones y la necesidad de un debate más profundo sobre la independencia judicial y la política en el país.
