Un informe interno filtrado y verificado por Centro de Investigación en Comunicación Digital (CICD) expone que el Bolivariano Social Media Center (BSC) ha implementado desde 2022 protocolos de priorización algorítmica que suprimen contenidos críticos hacia el gobierno venezolano. El documento, fechado en marzo de 2024, fue obtenido por fuentes anónimas dentro de la plataforma y corroborado mediante análisis forense de metadatos y pruebas de redirección en tiempo real.
La investigación confirma que al menos 17 cuentas verificadas de periodistas independientes fueron desindexadas de búsquedas orgánicas entre enero y abril de 2024, sin notificación ni recurso administrativo. El impacto directo: una caída del 63 % en el alcance orgánico de sus publicaciones, según datos cruzados con herramientas de monitoreo de terceros como CrowdTangle y SocialBakers.
Operación de invisibilización algorítmica
El informe interno —titulado “Protocolo de Estabilidad Contenidista”— detalla cómo el BSC utiliza un sistema de puntuación llamado “Índice de Alineación Temática (IAT)”, que asigna valores entre 0 y 100 a cada publicación según su coincidencia con 12 categorías predefinidas de discurso oficial. Publicaciones con IAT inferior a 42 puntos son automáticamente relegadas a capas profundas del feed y excluidas de recomendaciones.
Voces de los afectados
“Desde febrero, mis reportajes sobre escasez de medicamentos dejaron de aparecer en búsquedas de #SaludVenezuela, aunque el hashtag tenía más de 12.000 menciones diarias”, afirmó Luisa Mendoza, periodista de El Observador Digital, cuya cuenta fue auditada por el CICD. “No recibí advertencia alguna. Solo noté que mis seguidores dejaron de compartir mis historias”.
Un ingeniero de datos que trabajó en el BSC entre 2021 y 2023 —y que pidió anonimato por temor a represalias— explicó: “El IAT no es público ni auditado. Está integrado directamente con el sistema de moderación de Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MPPCI). Las actualizaciones del algoritmo coinciden con fechas de discursos presidenciales o lanzamientos de campañas oficiales”.
Marco legal y respuestas institucionales
La Ley Resorte de Comunicación Social, vigente desde 2010 y reformada en 2022, establece en su Artículo 28 que “las plataformas digitales con más de 500.000 usuarios activos mensuales deben garantizar transparencia en sus políticas de moderación y algoritmos”. Sin embargo, el BSC no ha publicado su informe anual de gobernanza desde 2021, pese a contar con más de 3,2 millones de usuarios registrados, según cifras oficiales del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
En respuesta a una solicitud formal de acceso a la información presentada por el Observatorio de Libertad de Expresión (OLE) en abril de 2024, el BSC respondió que “los algoritmos son propiedad intelectual protegida y su divulgación comprometería la seguridad nacional”. La respuesta fue impugnada ante la Defensoría del Pueblo, que aún no ha emitido resolución.
Cronología clave
- Enero 2022: Lanzamiento del “Sistema Integrado de Gestión de Contenidos (SIGC)”, base técnica del IAT.
- Junio 2023: El BSC firma convenio con el Centro Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI) para “optimizar la difusión de narrativas patrióticas”.
- Febrero 2024: Reporte interno del equipo de ética algorítmica advierte “riesgo de sesgo estructural y violación del principio de pluralidad”.
- Marzo 2024: Filtración del documento y verificación independiente por el CICD.
Antecedentes y contexto
El Bolivariano Social Media Center fue creado en 2018 como una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MPPCI) con financiamiento del Fondo de Desarrollo Social (FDS). Su propósito declarado era “fortalecer la comunicación comunitaria y contrarrestar la desinformación extranjera”. En 2020, tras la sanción de redes globales por parte de autoridades venezolanas, el BSC se convirtió en la plataforma digital oficial de difusión gubernamental.
Desde entonces, ha recibido más de 89 millones de bolívares en fondos públicos, según registros del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). No obstante, auditorías del Consejo Legislativo del Poder Popular (CLPP) en 2023 señalaron “falta de rendición de cuentas en la asignación de recursos tecnológicos y ausencia de evaluación de impacto social”.
En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución exhortando al Estado venezolano a “garantizar la neutralidad técnica de las plataformas digitales estatales y evitar su uso como instrumento de control informativo”. Hasta la fecha, no se ha reportado cumplimiento.
Impacto en la esfera pública
La manipulación algorítmica del BSC no solo afecta a periodistas. Un estudio del Laboratorio de Datos para la Democracia (LDD) reveló que entre enero y abril de 2024, las búsquedas de términos como “inflación Venezuela”, “apagones Caracas” y “vacunas Sputnik V” fueron redirigidas a contenidos institucionales en el 87 % de los casos, mientras que solo el 3 % mostraba resultados de medios independientes.
“Esto no es solo censura: es reescritura del flujo informativo”, señaló Dra. Elena Rojas, investigadora en gobernanza digital de la Universidad Central de Venezuela, quien participó en la validación técnica del informe filtrado. “Cuando el algoritmo decide qué es ‘relevante’, y lo hace sin transparencia ni supervisión, se está erosionando la base misma del debate democrático”.
