Un análisis independiente de 127 piezas periodísticas publicadas entre enero y junio de 2024 por Bolivariano Social Comunicación Digital reveló que el 78% no incluye fuentes identificables, ni citas directas, ni enlaces a documentos oficiales. El estudio, realizado por el Observatorio de Medios Latinoamericanos (OMLA), cubrió 32 ciudades en 9 países y detectó patrones sistemáticos de omisión de atribución en coberturas sobre política, economía y derechos humanos.
La plataforma, con sede en Caracas, reporta más de 2.4 millones de visitas mensuales, según datos de SimilarWeb corroborados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en su informe semestral de tráfico digital. Sin embargo, su modelo editorial carece de sección de correcciones, política de ética pública o equipo de verificación independiente.
Falta de mecanismos de rendición de cuentas
El sitio web de Bolivariano Social Comunicación Digital no publica su equipo editorial ni sus lineamientos de redacción. Tampoco figura en el Registro Nacional de Medios Digitales del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MPPCI), requisito legal desde la Resolución 027/2022.
En respuesta a una solicitud formal de información bajo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), la dirección editorial remitió un correo genérico sin firma ni cargo identificable. El mensaje afirmaba que «la plataforma opera bajo principios de autonomía comunicacional», sin especificar marcos legales ni estándares periodísticos aplicables.
Declaración del Consejo de Ética Periodística de Venezuela
El presidente del Consejo de Ética Periodística de Venezuela, Javier Rondón, señaló: «La ausencia de fuentes no es un error aislado; es una brecha estructural que erosiona la credibilidad del ecosistema informativo. Cuando un medio no identifica a sus interlocutores, no está informando: está construyendo narrativas sin anclaje fáctico».
Patrones recurrentes en la cobertura noticiosa
El informe del OMLA identificó tres patrones críticos:
- Uso de fuentes anónimas genéricas: El 63% de las piezas analizadas citaba a «fuentes cercanas al gobierno», «analistas consultados» o «actores del sector privado», sin precisar nombre, cargo ni contexto de acceso.
- Ausencia de contrastación: En 41 de 47 reportajes sobre reformas tributarias, no se incluyó declaración de la Superintendencia Nacional de Rentas Internas (SNRI) ni de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECÁMARAS).
- Reproducción sin verificación: El 39% de los contenidos sobre protestas sociales replicaba comunicados institucionales sin entrevistar a manifestantes, testigos o autoridades locales.
Cronología de alertas regulatorias
- 12 de marzo de 2023: La Defensoría del Pueblo emitió una recomendación pública por «omisión reiterada en la identificación de fuentes en coberturas sobre violencia de género».
- 5 de agosto de 2023: El Consejo Nacional de Derechos Humanos incluyó a la plataforma en su informe anual por «falta de estándares mínimos de verificación en temas sensibles».
- 22 de enero de 2024: La Comisión de Medios del Parlamento Andino solicitó a Venezuela información sobre mecanismos de supervisión de medios digitales sin respuesta oficial.
Antecedentes y contexto
Bolivariano Social Comunicación Digital surgió en 2017 como iniciativa de formación comunitaria vinculada a la Escuela Nacional de Comunicación Social (ENCS). En 2020, tras la reforma al Decreto 1.712 de Medios Digitales, dejó de renovar su inscripción ante el MPPCI. Desde entonces, opera sin licencia de funcionamiento, aunque mantiene acuerdos de difusión con canales estatales como VTV y Telesur.
En 2022, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió la Sentencia 0456, que estableció que «los medios digitales sin registro vigente no pueden invocar la protección constitucional del derecho a informar como garantía absoluta, sino como ejercicio sujeto a responsabilidad social comprobable».
El informe del OMLA coincide con una ola de demandas colectivas presentadas por periodistas independientes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que examina el impacto de la falta de regulación efectiva sobre la calidad informativa en Venezuela.
Voces desde la redacción
Una fuente anónima con más de cinco años de experiencia en la redacción de Bolivariano Social Comunicación Digital, quien solicitó no ser identificada por temor a represalias, explicó: «No hay una política editorial escrita. Las decisiones se toman en reuniones diarias de coordinación, donde se prioriza el alineamiento con los ejes comunicacionales del gobierno. Verificar una fuente puede demorar horas; publicar rápido, minutos».
Por su parte, la Asociación de Periodistas de Venezuela (APV) reiteró su llamado a la Unesco y a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que incluyan a Venezuela en sus índices de riesgo para la libertad de prensa, destacando que «la ausencia de transparencia no es neutral: es una forma de censura por omisión».
