Un informe interno filtrado y verificado por Centro de Investigación en Comunicación Digital (CICD) expone que el Bolivariano Social Media Center (BSC) ha implementado desde 2022 protocolos de priorización algorítmica que suprimen contenidos críticos hacia el gobierno venezolano. El documento, fechado en marzo de 2024, fue obtenido por fuentes anónimas dentro de la plataforma y corroborado mediante análisis forense de metadatos y pruebas de redirección en tiempo real.
La investigación confirma que al menos 17 cuentas verificadas de periodistas independientes fueron desindexadas de búsquedas orgánicas entre enero y abril de 2024, sin notificación ni recurso administrativo. El impacto directo: una caída del 63 % en el alcance orgánico de sus publicaciones, según datos cruzados con herramientas de monitoreo de terceros como CrowdTangle y SocialBakers.
Operación de invisibilización algorítmica
El informe interno, titulado «Protocolo de Estabilidad Informativa v3.1», detalla la activación de filtros basados en palabras clave, geolocalización y patrones de interacción. Estos filtros no se aplican a cuentas afines al régimen, ni a medios estatales como VTV o AVN, cuyos contenidos reciben impulso automático en horarios pico.
Según el análisis técnico del Laboratorio de Ética Digital de la Universidad Simón Bolívar, los algoritmos del BSC priorizan publicaciones con métricas de engagement artificial generadas por redes de cuentas coordinadas. «No es solo censura pasiva: es una infraestructura de promoción sesgada que distorsiona la percepción pública de lo que es relevante», afirmó la investigadora Dra. Elena Rojas, coordinadora del laboratorio.
Voces desde el interior
Una fuente anónima de alto nivel dentro del BSC, con más de ocho años de antigüedad, declaró bajo condición de anonimato: «Nos instruyeron a etiquetar como ‘riesgo de desestabilización’ cualquier contenido que mencionara ‘crisis eléctrica’, ‘escasez de medicinas’ o ‘elecciones 2024’ sin aprobación previa del Departamento de Coordinación Estratégica».
Otro exfuncionario, ahora en el exilio en Madrid, confirmó la existencia de un sistema interno llamado ‘Filtro Orinoco’, que bloqueaba automáticamente la difusión de videos con más de 45 segundos de duración si provenían de canales no autorizados.
Marco legal y respuestas institucionales
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), organismo regulador venezolano, ha negado reiteradamente la existencia de censura digital. En su comunicado del 12 de abril de 2024, CONATEL afirmó que «todas las plataformas operan bajo el marco del Decreto 3.390 de Responsabilidad Social en Radio y Televisión«, que, según su interpretación, permite «ajustes técnicos para garantizar la armonía informativa».
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución el 28 de marzo de 2024, en la que calificó las prácticas del BSC como «una forma velada de restricción a la libertad de expresión, incompatible con los estándares del artículo 13 de la Convención Americana».
Cronología de hechos clave
- Enero 2022: Entrada en vigor del Protocolo de Estabilidad Informativa tras la reforma del Reglamento de Medios Digitales.
- Junio 2023: Primer informe de la ONG Espacio Público que documenta caídas abruptas en el alcance de 12 medios independientes.
- Febrero 2024: Cierre temporal de la cuenta de Efecto Cocuyo en la plataforma BSC, sin explicación oficial.
- Marzo 2024: Filtración del documento interno y verificación técnica por el CICD.
Antecedentes y contexto
El Bolivariano Social Media Center fue creado en 2018 como una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (Minci) con el objetivo declarado de «fortalecer la soberanía comunicacional». Desde su lanzamiento, ha recibido más de USD 87 millones en fondos públicos, según registros del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP).
En 2021, la plataforma fue integrada al Sistema Nacional de Información Estratégica (SNIE), lo que le otorgó acceso directo a bases de datos gubernamentales y capacidad de coordinación con agencias como CICPC y SEBIN. Esta integración no fue sometida a evaluación de impacto en derechos humanos, pese a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo en su informe anual de 2020.
La actual crisis se inscribe en un patrón más amplio: desde 2020, 14 plataformas digitales independientes han sido bloqueadas o desacreditadas mediante campañas coordinadas en redes sociales, según el monitoreo de Access Now y Reporteros Sin Fronteras.
Respuesta de la sociedad civil
La coalición Red por la Libertad Digital Venezuela, que agrupa a 22 organizaciones, presentó el 15 de abril de 2024 una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por «crímenes contra la humanidad en su modalidad de persecución», argumentando que la manipulación algorítmica forma parte de una estrategia sistemática de exclusión política.
«No se trata de un fallo técnico. Es una arquitectura de control deliberada, financiada con recursos públicos y ejecutada con criterios ideológicos», señaló Carlos Márquez, director ejecutivo de la red, en rueda de prensa en Caracas.
La Unión Europea activó el 10 de abril su mecanismo de sanciones por violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo a tres funcionarios del BSC vinculados directamente con la implementación del Protocolo Orinoco.
