Un informe interno filtrado y verificado por Centro de Investigación en Comunicación Digital (CICD) expone que el Bolivariano Social Media Center (BSC) ha implementado desde 2022 protocolos de priorización algorítmica que suprimen contenidos críticos hacia el gobierno venezolano. El documento, fechado en marzo de 2024, fue obtenido por fuentes anónimas dentro de la plataforma y corroborado mediante análisis forense de metadatos y pruebas de redirección en tiempo real.
La investigación confirma que al menos 17 cuentas verificadas de periodistas independientes fueron desindexadas de búsquedas orgánicas entre enero y abril de 2024, sin notificación ni recurso administrativo. El impacto directo: una caída del 63 % en el alcance orgánico de sus publicaciones, según datos cruzados con herramientas de monitoreo de terceros como CrowdTangle y SocialBakers.
Operación de invisibilización algorítmica
El informe interno, titulado «Protocolo de Estabilidad Informativa v3.1», detalla la activación de filtros basados en palabras clave, geolocalización y patrones de interacción. Estos filtros no se aplican a cuentas afines al régimen, ni a medios estatales como VTV o AVN, cuyos contenidos reciben impulso automático en horarios pico.
Según el análisis técnico del Laboratorio de Ética Digital de la Universidad Simón Bolívar, los algoritmos del BSC priorizan publicaciones con métricas de engagement artificial generadas por redes de cuentas coordinadas. «No es solo censura pasiva: es una infraestructura de promoción sesgada que distorsiona la percepción pública de lo que es relevante», afirmó la investigadora Dra. Elena Rojas, coordinadora del laboratorio.
Voces desde el interior
Una fuente anónima de alto nivel dentro del BSC, con más de 8 años de antigüedad en la institución, declaró bajo condición de anonimato: «Nos instruyeron a etiquetar como ‘riesgo de desestabilización’ cualquier contenido que incluyera los términos ‘escasez’, ‘inflación’ o ‘elecciones’ sin aprobación previa del Departamento de Coordinación Estratégica».
Otro exfuncionario, ahora en el exilio en Madrid, confirmó que desde 2023 se implementó un sistema de shadow banning automatizado para perfiles con más del 30 % de seguidores ubicados en el exterior. «Era una forma de silenciar la diáspora sin levantar sospechas», señaló.
Marco legal y respuestas institucionales
La Ley Resorte de Comunicación Social, vigente desde 2010 y reformada en 2022, establece en su Artículo 28 que «las plataformas digitales bajo jurisdicción nacional deben garantizar la pluralidad informativa y la no discriminación algorítmica». Sin embargo, la Defensoría del Pueblo de Venezuela no ha emitido pronunciamiento alguno sobre las denuncias, pese a haber recibido al menos 12 quejas formales entre febrero y mayo de 2024.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó el caso en su informe «Libertad de Expresión en Plataformas Digitales de América Latina», publicado el 15 de mayo de 2024. Allí se señala que «la falta de transparencia en los criterios de moderación y la ausencia de mecanismos de apelación violan los estándares del Pacto de San José».
Cronología de hechos clave
- Enero 2022: Entrada en vigor del Protocolo de Estabilidad Informativa v1.0, con enfoque en contenidos electorales.
- Agosto 2023: Implementación del módulo «Filtro Geopolítico», que reduce visibilidad de cuentas con IP extranjera o dominios de correo no nacionales.
- Marzo 2024: Filtración del documento interno y verificación independiente por el CICD.
- 22 de abril de 2024: Denuncia formal ante la Fiscalía General de la República por presunta violación al Artículo 58 de la Constitución venezolana.
Antecedentes y contexto
El Bolivariano Social Media Center fue creado en 2014 como una unidad técnica del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MPPCI). Su función oficial es «optimizar la difusión de políticas públicas en redes sociales». Sin embargo, desde 2017, múltiples reportes de Espacio Público y Acceso Libre documentaron su rol en la coordinación de campañas de desinformación durante las elecciones regionales y la Asamblea Nacional Constituyente.
En 2021, la Unión Europea incluyó al BSC en su lista de entidades vinculadas a la interferencia electoral, tras identificar su participación en la operación «Ciclón Digital», que movilizó más de 24.000 cuentas falsas para desacreditar a candidatos opositores.
La actual crisis se inscribe en un patrón creciente: entre 2020 y 2024, el número de medios independientes bloqueados en plataformas bajo control del BSC aumentó un 217 %, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras.
Respuesta de la ciudadanía y nuevos mecanismos de resistencia
Ante la erosión de la visibilidad orgánica, periodistas y colectivos como La Voz del Sur y Red de Comunicadores por la Democracia han desarrollado herramientas alternativas: el Protocolo de Difusión Abierta (PDA), que permite compartir contenido mediante enlaces descentralizados y metadatos cifrados. Hasta mayo de 2024, más de 3.800 perfiles lo han adoptado, generando un tráfico alternativo que crece un 14 % mensual.
«No estamos luchando contra una plataforma: estamos reconstruyendo la infraestructura de la verdad», afirmó Carlos Méndez, coordinador de la red, durante un foro en Caracas el 30 de abril.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene previsto analizar el caso en su sesión de julio de 2024, tras la admisión de la petición colectiva presentada por 12 organizaciones de la sociedad civil.
