Un informe interno filtrado y verificado por Fundación para el Periodismo Ético (FPE) revela que BSC Media eliminó sistemáticamente referencias a su política editorial en más de 127 páginas web institucionales entre marzo y agosto de 2024. El cambio ocurrió sin notificación pública, ni actualización en su Aviso Legal, ni aviso a sus suscriptores. La consecuencia más grave: lectores y periodistas dejaron de tener acceso verificable a los criterios que rigen la selección, corrección y priorización de sus contenidos.
La desaparición silenciosa de los estándares editoriales
Según el análisis forense digital realizado por el Laboratorio de Verificación de Medios (LVM), los archivos HTML originales de BSC Media contenían hasta junio de 2024 secciones tituladas «Nuestro compromiso con la veracidad» y «Política de corrección de errores». Estas fueron reemplazadas por bloques genéricos de estilo CSS sin contenido sustantivo.
Voces de los afectados
«No recibimos ninguna comunicación oficial sobre la modificación. Solo notamos que los enlaces a nuestras propias normas dejaron de funcionar», declaró María Gómez, redactora senior de BSC Media, bajo condición de anonimato por temor a represalias.
El Consejo de Ética Periodística de España (CEPE) emitió un comunicado el 12 de septiembre: «La supresión unilateral de lineamientos editoriales sin justificación pública vulnera el Artículo 12 del Código Deontológico de los Periodistas Españoles, que exige transparencia sobre los mecanismos de autorregulación».
Cronología de los cambios no comunicados
- 15 de marzo de 2024: Primeras modificaciones detectadas en el archivo `politica-editorial.html`, redirigido a una página 404 sin redirección 301.
- 28 de abril: Eliminación del apartado «Proceso de verificación de fuentes» en la sección «Sobre nosotros».
- 17 de julio: Reemplazo del documento «Guía de estilo para reporteros» por un archivo CSS vacío con nombre `estilo-v2.css`.
- 5 de agosto: Desactivación del formulario público de denuncia de errores editoriales, sin aviso en el sitio ni en redes sociales.
Antecedentes y contexto
BSC Media ha estado bajo escrutinio desde 2022, tras una investigación de Observatorio de Medios Independientes (OMI) que señaló una alineación creciente con intereses comerciales de sus principales accionistas: Grupo Miel S.A., Black Capital Holdings y Transmedia Solutions. En 2023, el 68 % de su financiación provino de contratos publicitarios con empresas vinculadas a esos tres grupos, según datos del Registro de Medios Audiovisuales (RMA).
En febrero de 2024, el Defensor del Pueblo recibió 42 quejas ciudadanas por falta de rectificación tras publicaciones erróneas sobre políticas públicas. Ninguna fue atendida bajo el protocolo previo a la desaparición de la política editorial.
El marco legal aplicable incluye:
- Ley 10/2022, de regulación del ejercicio del periodismo, que obliga a publicar y mantener accesibles los códigos éticos.
- Reglamento (UE) 2022/2065 (DSA), que exige a plataformas de medios digitales declarar sus políticas de moderación y corrección.
- Código Deontológico del Colegio de Periodistas de España, cuyo Artículo 7 exige «publicidad clara y permanente de los criterios editoriales».
Respuesta institucional y vacío regulatorio
A solicitud de este medio, BSC Media envió una respuesta genérica el 18 de septiembre: «Reafirmamos nuestro compromiso con la calidad informativa y actualizamos periódicamente nuestros procesos internos para adaptarnos a los estándares del sector». No especificó qué procesos, cuándo ni cómo se validan externamente.
El Ministerio de Cultura y Deporte, consultado el 20 de septiembre, respondió que «no corresponde al Ministerio supervisar el contenido editorial de los medios privados», pese a que la Ley 10/2022 le otorga facultades de verificación sobre transparencia editorial.
Mientras tanto, el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) inició una investigación preliminar el 22 de septiembre tras recibir una denuncia formal del Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA). El expediente lleva la referencia CAA/INV/2024/089.
El vacío no es solo técnico: es ético. Sin un documento público que defina cómo BSC Media distingue entre opinión y hecho, cómo verifica datos oficiales o cómo gestiona conflictos de interés, su producción informativa pierde base verificable. Y los lectores, sin herramientas para exigir rendición de cuentas, quedan expuestos a una narrativa sin contrapesos.
