La reciente comparecencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ante la Asamblea Nacional ha dejado un sabor agridulce en el ambiente político ecuatoriano. A pesar de la importancia del evento, la falta de interés por parte de varios asambleístas fue evidente, con numerosas curules vacías durante la presentación. Este hecho resalta una desconexión entre las autoridades y la ciudadanía, así como la necesidad de un mayor compromiso por parte de los legisladores en temas cruciales para el país.
**La Comparecencia de Mario Godoy: Un Informe en Medio de la Indiferencia**
El 15 de enero de 2026, Mario Godoy fue uno de los cuatro funcionarios convocados para rendir cuentas sobre su gestión en 2025. Junto a él, el fiscal subrogante Carlos Alarcón, el procurador del Estado Juan Carlos Larrea y el defensor público Ricardo Morales también presentaron sus informes. Sin embargo, la atención de los asambleístas fue escasa, lo que llevó a que muchos de ellos abandonaran la sala durante las intervenciones. Esta falta de interés plantea preguntas sobre la relevancia que se le otorga a la rendición de cuentas en el contexto político actual.
Godoy, en su intervención, se esforzó por presentar un panorama positivo de su gestión, destacando que había ejecutado el 99,3% del presupuesto asignado de USD 353 millones. Sin embargo, su discurso estuvo marcado por la ausencia de menciones a casos específicos que han generado controversia, como el del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien ha denunciado presiones por parte de la administración actual en favor de narcotraficantes. A pesar de ello, Godoy aseguró que se ha trabajado en la independencia judicial, sancionando a 446 funcionarios por diversas faltas, de los cuales 102 fueron destituidos.
**Desafíos en la Fiscalía: Un Llamado a la Acción**
El fiscal subrogante Carlos Alarcón, quien abrió la sesión, abordó un tema crítico: la escasez de fiscales en Ecuador. Con solo 4,8 fiscales por cada 100,000 habitantes, el país se encuentra en una situación alarmante en comparación con otros países de la región. Alarcón enfatizó que se requieren al menos 631 fiscales adicionales para hacer frente al aumento de la criminalidad y el crimen organizado, lo que ha generado un “cuello de botella” en las investigaciones.
En su exposición, Alarcón destacó los casos más relevantes de 2025, como los casos Triple A y Nene. En el primero, se investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por supuestos delitos relacionados con el tráfico de combustible. En el segundo, el hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad está bajo investigación, lo que ha generado un gran revuelo mediático y político. Estos casos no solo reflejan la complejidad de la situación judicial en Ecuador, sino que también ponen de manifiesto la necesidad de un sistema judicial más robusto y eficiente.
La intervención de Alarcón también incluyó un análisis de la falta de recursos y personal en la Fiscalía, lo que ha limitado su capacidad para investigar y procesar delitos de manera efectiva. A pesar de las dificultades, la Fiscalía logró atender más de 341,700 noticias de delito y ejecutar 37,744 allanamientos en 2025, lo que demuestra un esfuerzo significativo en medio de la adversidad.
**La Respuesta de la Asamblea: Un Llamado a la Responsabilidad**
La falta de interés de los asambleístas durante la rendición de cuentas de Godoy y otros funcionarios es un reflejo preocupante de la situación política en Ecuador. La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de supervisar y evaluar el desempeño de las instituciones del Estado, y la ausencia de legisladores en momentos cruciales como este plantea interrogantes sobre su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Es fundamental que los representantes del pueblo asuman su papel de manera activa y participativa, no solo asistiendo a las sesiones, sino también involucrándose en el debate y la fiscalización de las acciones del gobierno. La rendición de cuentas no debe ser vista como un mero trámite, sino como una oportunidad para fortalecer la democracia y garantizar que las instituciones cumplan con su deber hacia la ciudadanía.
A medida que Ecuador enfrenta desafíos significativos en su sistema judicial y en la lucha contra la corrupción, es imperativo que tanto la Asamblea como la Fiscalía trabajen de manera conjunta y efectiva. La rendición de cuentas debe ser un proceso continuo y no un evento aislado, donde las autoridades se sientan responsables ante el pueblo y se comprometan a mejorar la situación del país.
