La reciente propuesta de reforma a la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en Ecuador ha generado un amplio debate sobre el futuro de las personas privadas de libertad en el país. La iniciativa, impulsada por el asambleísta Andrés Castillo del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), busca establecer un régimen laboral para los internos, permitiéndoles trabajar para cubrir sus necesidades básicas mientras cumplen sus condenas. Esta medida se presenta como una solución a los problemas de hacinamiento y falta de recursos en las cárceles ecuatorianas.
El proyecto de ley, que se encuentra en proceso de discusión en la Asamblea Nacional, propone que el Sistema Nacional de Rehabilitación Social (SNAI) tenga un plazo de hasta tres años para implementar un mecanismo que permita a los internos participar en actividades laborales y productivas. Castillo argumenta que «tienen que empezar a trabajar primero por ellos mismos y, segundo, para que puedan subvencionar sus propios gastos». Esta propuesta ha sido incluida como disposición transitoria en el informe que se debatirá en el Pleno de la Asamblea, programado para el 17 de marzo de 2026.
### Cambios en la Legislación Penitenciaria
La reforma no solo se limita a la creación de un régimen laboral, sino que también incluye modificaciones en seis leyes vigentes, como el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Uno de los aspectos más destacados es el incremento y recategorización del catálogo de faltas que pueden cometer los internos, que pasaría de 10 a 57 causales. Esto incluye acciones como ejercer control sobre pabellones mediante amenazas o coacción, así como actividades de proselitismo o reclutamiento dentro de las cárceles.
Además, se plantea una recategorización de las cárceles en función de la peligrosidad de los reos, estableciendo categorías de mínima, mediana y máxima seguridad. Los internos considerados de alto riesgo serían trasladados a cárceles de máxima seguridad, basándose en criterios como su participación en organizaciones delictivas y su conducta dentro del sistema penitenciario.
La propuesta también busca abordar el déficit de guías penitenciarios, que actualmente es alarmante, con solo 3,600 agentes para más de 34,300 reos. Para ello, se contempla permitir que policías y militares en servicio pasivo se integren al SNAI, lo que podría mejorar la seguridad y el control dentro de los centros penitenciarios. Esta medida es crucial, dado el contexto de violencia y descontrol que se ha vivido en las cárceles ecuatorianas en los últimos años.
### Implicaciones Sociales y Económicas
La implementación de un régimen laboral para los internos podría tener diversas implicaciones sociales y económicas. Por un lado, se espera que esta medida contribuya a la rehabilitación de los reclusos, dándoles la oportunidad de adquirir habilidades laborales que podrían ser útiles una vez que recuperen su libertad. Por otro lado, también se plantea la posibilidad de que los internos generen ingresos que les permitan cubrir sus necesidades básicas, lo que podría reducir la dependencia del Estado en términos de alimentación y atención médica dentro de las cárceles.
Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas. Algunos sectores argumentan que la implementación de un régimen laboral podría ser vista como una forma de explotación, ya que los internos podrían recibir salarios muy bajos por su trabajo. Además, existe preocupación sobre cómo se garantizarán los derechos laborales de estas personas, así como la calidad de las condiciones de trabajo dentro de los centros penitenciarios.
La reforma también ha suscitado un debate sobre la seguridad pública. La inclusión de medidas más estrictas para controlar el comportamiento de los internos y la recategorización de las cárceles son vistas como pasos necesarios para mejorar la seguridad tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios. Sin embargo, algunos críticos advierten que estas medidas podrían no ser suficientes para abordar las raíces del problema de la delincuencia en el país.
En resumen, la reforma a la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en Ecuador representa un intento significativo de reformar un sistema que ha enfrentado serios desafíos en los últimos años. La propuesta de permitir que los internos trabajen para cubrir sus necesidades básicas, junto con cambios en la legislación que buscan mejorar la seguridad y el control dentro de las cárceles, podría marcar un cambio importante en la forma en que se aborda la rehabilitación y reintegración de las personas privadas de libertad en el país.
