La Asamblea Nacional de Ecuador ha dado un paso significativo en la lucha por recuperar el control del sistema penitenciario del país. El 17 de marzo de 2026, se aprobó una reforma a la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, que busca implementar medidas que permitan a los reclusos trabajar y cubrir sus propias necesidades. Esta reforma fue aprobada con 84 votos a favor y ha generado un amplio debate entre los diferentes bloques políticos del país.
La reforma no solo se centra en la obligación de los presos de trabajar, sino que también incluye la creación de un sistema de inteligencia penitenciaria, la reclasificación de la peligrosidad de los internos y la autorización del uso legítimo de la fuerza por parte de los custodios de las cárceles. Además, se contempla la capacitación y evaluación de los miembros del cuerpo de seguridad penitenciaria, con el objetivo de salvaguardar su integridad y prevenir la corrupción dentro del sistema.
### Contexto de la Crisis Carcelaria en Ecuador
Ecuador ha estado enfrentando una crisis carcelaria profunda, caracterizada por el aumento de la violencia y el control de las cárceles por parte de bandas criminales. La asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, ha reconocido que la situación actual pone en jaque al sistema penitenciario. La corrupción y la desinstitucionalización del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) han llevado a una falta de rehabilitación social efectiva para los internos.
La presencia de las Fuerzas Armadas en las prisiones ha sido una medida adoptada por el gobierno para mejorar la situación, pero muchos argumentan que esto no es suficiente. La reforma aprobada busca ser un paso más hacia la recuperación del control estatal sobre las cárceles, que actualmente están dominadas por grupos delictivos organizados. La propuesta de que los presos trabajen no es nueva, ya que algunos reclusos ya realizan actividades productivas, pero la idea es que esto se convierta en un medio para que puedan sustentarse durante su condena y dignificar su labor.
### Reacciones y Controversias
El debate sobre la reforma no ha estado exento de controversias. La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) ha manifestado su oposición, argumentando que sin un control efectivo del sistema penitenciario, ninguna reforma podrá solucionar la crisis. La asambleísta Jahiren Noriega ha calificado la propuesta como «vende humo», sugiriendo que sin el presupuesto y la voluntad política necesarios, la reforma no tendrá un impacto real.
Además, se ha señalado que la reforma tiene un enfoque particular, ya que se considera que está dirigida a afectar a figuras políticas específicas, como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien se encuentra bajo investigación por delincuencia organizada. La crítica se centra en que, aunque se presenten nuevas leyes, si no se implementan adecuadamente, no se logrará un cambio significativo en el sistema penitenciario.
La discusión en la Asamblea fue extensa y estuvo marcada por la intervención de varios legisladores, la mayoría de ellos de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), quienes apoyaron la reforma. Sin embargo, las interferencias en la transmisión del debate provocaron quejas por parte de los opositores, quienes consideran que esto afecta la transparencia del proceso legislativo.
La reforma penitenciaria se presenta como una respuesta a una crisis que ha dejado un saldo trágico en las cárceles ecuatorianas, con miles de muertes y fugas de reclusos en los últimos años. La situación ha llevado a la población a cuestionar la efectividad del sistema de justicia y la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y la rehabilitación de los internos.
En este contexto, la Asamblea Nacional se reunirá nuevamente el 17 de marzo de 2026 en la Universidad de Cuenca para continuar debatiendo sobre las reformas penitenciarias. La expectativa es alta, ya que la población observa con atención los pasos que se tomen para abordar una de las crisis más graves que enfrenta el país en la actualidad. La implementación de esta reforma podría marcar un antes y un después en la historia del sistema penitenciario ecuatoriano, pero su éxito dependerá de la voluntad política y de la capacidad del Estado para llevar a cabo los cambios necesarios.
