El 28 de enero de 2026, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional que busca reformar la Ley de Minería vigente desde 2009. Esta reforma es considerada de carácter urgente y tiene como objetivo principal sustituir la licencia ambiental por una autorización ambiental para la ejecución de proyectos mineros. Este cambio ha generado un amplio debate en el país, dado que la licencia ambiental ha sido un requisito fundamental para garantizar la protección del medio ambiente en actividades mineras.
### Contexto de la Reforma
La propuesta de reforma se fundamenta en la necesidad de agilizar los procedimientos administrativos que actualmente regulan la minería en Ecuador. Según el proyecto, la eliminación de la licencia ambiental busca eliminar los cuellos de botella que retrasan la inversión y aumentan los costos de transacción, lo que a su vez afecta la generación de ingresos fiscales en un contexto de restricción presupuestaria. La justificación económica presentada sostiene que los instrumentos ambientales complejos para la etapa de exploración son un obstáculo desproporcionado que genera demoras injustificadas y duplicidad de trámites.
El proyecto establece que la nueva autorización ambiental será otorgada por el Ministerio de Ambiente y se ajustará a la fase del proyecto minero. Esto significa que, aunque se elimine la licencia, se mantendrán estándares de protección ambiental, ya que la reforma no implica una reducción de estos estándares, sino una adecuación técnica del control administrativo al nivel real de riesgo que presenta cada proyecto.
### Simplificación de la Etapa de Exploración
Otro aspecto clave de la reforma es la simplificación de la etapa de exploración, que se extenderá a un total de 15 años. Actualmente, esta fase se divide en tres subfases: inicial, avanzada y evaluación económica, con plazos específicos para cada una. Sin embargo, con la nueva propuesta, el titular minero no necesitará una autorización previa para cambiar de una subfase a otra, lo que permitirá una transición más fluida y menos burocrática.
La exploración inicial se concederá por un plazo de hasta cuatro años, mientras que la exploración avanzada y la evaluación económica podrán extenderse hasta once años. Esta modificación busca optimizar los recursos institucionales y acelerar el proceso hacia fases productivas, sin comprometer el control estatal ni la protección del medio ambiente. La reforma también destaca que las exigencias de autorizaciones sucesivas, que no responden a variaciones significativas en el nivel de riesgo, generan interrupciones administrativas que afectan la planificación técnica y financiera de los proyectos mineros.
La propuesta ha suscitado reacciones mixtas entre los diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana. Por un lado, algunos argumentan que la reforma es necesaria para atraer inversiones y fomentar el desarrollo económico del país, especialmente en un contexto de crisis fiscal. Por otro lado, hay preocupaciones sobre el impacto ambiental que podría tener la eliminación de la licencia ambiental y la posibilidad de que se prioricen los intereses económicos sobre la protección del medio ambiente.
### Reacciones y Perspectivas
Las organizaciones ambientalistas y comunidades afectadas por la minería han expresado su rechazo a la reforma, argumentando que la eliminación de la licencia ambiental podría llevar a un aumento en la explotación irresponsable de los recursos naturales. Estas voces advierten que la protección del medio ambiente no debe ser sacrificada en nombre del desarrollo económico y que es fundamental mantener mecanismos de control que aseguren la sostenibilidad de las actividades mineras.
En contraste, los sectores empresariales y algunos economistas apoyan la reforma, señalando que la burocracia actual es un obstáculo para la inversión y que la simplificación de los procesos podría atraer capital extranjero y generar empleo. Argumentan que, con un marco regulatorio más ágil, Ecuador podría posicionarse como un destino atractivo para la inversión en minería, un sector que ha sido históricamente importante para la economía del país.
La discusión sobre la reforma a la Ley de Minería en Ecuador es un reflejo de la tensión entre desarrollo económico y protección ambiental. A medida que el país enfrenta desafíos fiscales y busca nuevas fuentes de ingresos, la manera en que se gestionen los recursos naturales será crucial para el futuro del país. La Asamblea Nacional deberá considerar cuidadosamente las implicaciones de esta reforma y encontrar un equilibrio que permita el desarrollo sostenible de la minería en Ecuador.
