En Guayaquil, un grupo de extrabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha llevado a cabo una manifestación enérgica en respuesta a los despidos masivos anunciados por el Gobierno de Daniel Noboa. La jornada, que tuvo lugar el 28 de julio de 2025, reunió a cientos de personas que se congregaron en los exteriores de la Caja del Seguro, en el centro de la ciudad. Los manifestantes, que incluían a familiares y ciudadanos afiliados al sistema de seguridad social, portaban carteles y consignas que reflejaban su descontento con la abrupta medida que, según ellos, vulnera sus derechos laborales.
La decisión del Gobierno de desvincular a alrededor de 5,000 funcionarios públicos, entre ellos empleados del IESS, ha generado un fuerte rechazo. Los extrabajadores denunciaron que el proceso de despido fue arbitrario, sin evaluaciones previas ni notificaciones formales. Muchos de los afectados, con más de 15 años de servicio, se encontraron con que su despido fue comunicado a través de un formato genérico, sin explicaciones individuales. Jorge Ojediz, presidente de la Asociación Nacional de Empleados del Seguro Social del Ecuador (Anesse), expresó su indignación al afirmar que la carta de despido era la misma para todos, lo que evidencia la falta de un análisis técnico y personalizado.
### Impacto Personal y Familiar de los Despidos
Los testimonios de los extrabajadores revelan el profundo impacto que estas desvinculaciones han tenido en sus vidas personales y familiares. Muchos de ellos sostienen que sus ingresos eran la única fuente de sustento para sus hogares. Óscar Chancay, quien trabajó como asistente administrativo durante 19 años, compartió su angustia al mencionar que su hijo con parálisis cerebral dependía de su salario. «¿Ahora qué hago?», cuestionó, reflejando la desesperación de muchos que se encuentran en situaciones similares.
Silvia Alejandro, madre soltera y trabajadora desde 2001, también expresó su frustración al ser despedida sin previo aviso ni evaluación. «¿Así pagan por toda una vida de servicio?», se preguntó, evidenciando la falta de consideración hacia aquellos que dedicaron años de su vida al servicio público. Ojediz, por su parte, denunció que las notificaciones de despido se cargaron al sistema durante un feriado, lo que impidió que los funcionarios pudieran cerrar sus procesos de manera adecuada. «Nos votaron sin indemnización, sin notificación formal, sin posibilidad de cerrar nuestros procesos. Eso es ilegal y arbitrario», afirmó.
El Gobierno ha defendido su decisión, argumentando que las desvinculaciones son parte de un plan de reducción del tamaño del Estado, promovido como una medida de eficiencia. Sin embargo, los extrabajadores cuestionan esta narrativa, señalando que muchos de ellos tenían evaluaciones sobresalientes y responsabilidades familiares que fueron ignoradas en el proceso de despido. «No somos 791 personas. Somos 21,000 afectados, porque detrás de cada servidor hay una familia que dependía de ese ingreso», advirtió Ojediz, enfatizando el impacto social de estas decisiones.
### Respuestas y Acciones Legales
Durante la movilización, los extrabajadores anunciaron la creación de un comité en defensa de sus derechos laborales y convocaron a una nueva jornada de protesta para el 30 de julio, que incluirá un plantón y marcha desde el Parque Centenario hasta la Gobernación de Guayas. Además, han manifestado su intención de presentar acciones legales y apelar a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre la Ley de Integridad Pública, bajo la cual se ejecutaron las desvinculaciones.
El plan de reducción del aparato estatal, que incluye la fusión de ministerios y la eliminación de secretarías, ha sido justificado por el Gobierno como una medida necesaria para cumplir con los acuerdos establecidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, ha afirmado que los despidos se realizaron bajo criterios de eficiencia y ha negado cualquier motivación política detrás de ellos. Sin embargo, los extrabajadores han cuestionado esta afirmación, señalando que la promesa de abrir nuevas plazas para jóvenes en el servicio público no compensa la pérdida de empleos de quienes han dedicado años al servicio del Estado.
La situación en Guayaquil es un reflejo de la tensión entre el Gobierno y los trabajadores del sector público, quienes se sienten despojados de sus derechos y de la estabilidad que habían construido a lo largo de sus carreras. Las protestas y movilizaciones son una clara señal de que la lucha por la defensa de los derechos laborales continúa, y que los extrabajadores del IESS están decididos a hacer escuchar su voz en medio de un contexto de incertidumbre y cambios drásticos en el ámbito laboral.
