En un contexto político tenso, Luisa González, excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana (RC), ha hecho declaraciones contundentes sobre el financiamiento de su campaña. Esto ocurre en medio de un allanamiento a su vivienda por parte de la Fiscalía, que investiga supuestos vínculos con el lavado de dinero proveniente de Venezuela. La situación ha generado un gran revuelo en el ámbito político ecuatoriano, especialmente entre los seguidores y detractores del correísmo.
La mañana del 28 de enero de 2026, la Fiscalía llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de Luisa González, así como en la de otros miembros destacados de la RC, incluyendo al asambleísta Patricio Chávez. Este operativo se enmarca dentro de una investigación más amplia sobre el caso conocido como «Caja Chica», que involucra a varios exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. La excandidata, al ser abordada por los medios, negó categóricamente que su partido haya recibido financiamiento de Venezuela, enfatizando que no se ha recibido ni un centavo de dicho país para su campaña.
### La Responsabilidad de Marcela Aguiñaga
Durante la conferencia de prensa, González no solo defendió la integridad de su campaña, sino que también apuntó a Marcela Aguiñaga, quien fue presidenta de la RC en el periodo que está siendo investigado. González afirmó que, dado que ella no ocupaba la presidencia del partido en ese momento, no debería ser considerada responsable de las acciones de Aguiñaga. «Yo no era la presidenta del partido en ese periodo, respondo porque ahora lo soy», declaró, dejando claro que la responsabilidad recaía en su antecesora.
La situación se complica aún más con la reciente salida de Aguiñaga del partido, lo que ha generado especulaciones sobre su papel en el financiamiento de la campaña. La excandidata insistió en que no hay pruebas que vinculen a la RC con el dinero venezolano, y que cualquier acusación en este sentido es infundada. Esta defensa se produce en un clima de creciente presión política, donde el correísmo se encuentra bajo el escrutinio de las autoridades y la opinión pública.
### Reacciones del Entorno Político
El expresidente Rafael Correa también se ha pronunciado sobre el allanamiento, defendiendo a González y criticando la actuación de la Fiscalía. Correa ha señalado que la intervención en las viviendas de los miembros de la RC es una estrategia del gobierno actual para desestabilizar a la oposición. Este tipo de acusaciones no son nuevas en el contexto político ecuatoriano, donde las tensiones entre el correísmo y el actual gobierno han sido constantes desde la salida de Correa del poder.
El alcalde de Quito, Aquiles Álvarez, también se unió a las críticas, sugiriendo que el allanamiento es una reacción del gobierno ante un video que ha circulado y que ha incomodado a las autoridades. Esta afirmación resalta la polarización existente en el país, donde cada acción del gobierno es interpretada a través de un prisma político que divide a la sociedad.
Mientras tanto, la nueva presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneria, quien fue elegida en una convención reciente, ha mantenido un perfil bajo respecto a los allanamientos, eludiendo hacer comentarios públicos sobre la situación. Esto ha llevado a algunos a cuestionar la cohesión interna del partido y su capacidad para enfrentar las adversidades legales y políticas que se presentan.
La situación de Luisa González y la Revolución Ciudadana es un reflejo de la complejidad del panorama político en Ecuador. Las acusaciones de financiamiento irregular y lavado de dinero son temas delicados que pueden tener repercusiones significativas en la carrera política de los involucrados. A medida que avanza la investigación, será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos y qué impacto tendrán en la percepción pública de la RC y sus líderes.
González, por su parte, ha manifestado su intención de continuar defendiendo su posición y la de su partido, asegurando que la verdad saldrá a la luz. La presión sobre la Revolución Ciudadana no solo proviene de las autoridades, sino también de un electorado que está cada vez más atento a las acciones y decisiones de sus líderes. En este contexto, la transparencia y la comunicación efectiva serán claves para la supervivencia política de la RC en los próximos meses.
