La noche del 16 de diciembre de 2025, Portoviejo, la capital de la provincia de Manabí, fue escenario de una de las masacres más impactantes de su historia reciente. Siete personas fueron asesinadas en un ataque que ha dejado a la comunidad en estado de shock y ha puesto de relieve la creciente ola de violencia que azota a esta región del Ecuador. Este suceso no solo es un reflejo de la crisis de seguridad que enfrenta el país, sino que también plantea preguntas sobre el papel de las autoridades y la efectividad de las medidas de seguridad implementadas.
### Un Falso Operativo Policial
Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:28, cuando el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 recibió una alerta sobre un posible ataque en la calle Sucre y Espejo, en el circuito San Pablo 2. Según el comandante de la Policía en la subzona Manabí, Wladimir Acurio, un grupo de sicarios realizó un falso allanamiento en una vivienda donde se encontraban reunidas siete personas, cuatro hombres y tres mujeres. Los atacantes, haciéndose pasar por policías, maniataron a las víctimas, las torturaron y finalmente les quitaron la vida a disparos.
Este tipo de modus operandi no es nuevo en la región, donde las bandas criminales han adoptado tácticas cada vez más audaces y violentas. La Policía ha indicado que las víctimas habían llegado de Pedro Carbo, en la provincia de Guayas, y que habían alquilado la vivienda solo un día antes del ataque. Esto sugiere que los sicarios estaban al tanto de sus movimientos, lo que plantea serias dudas sobre la seguridad en la zona y la capacidad de las autoridades para proteger a los ciudadanos.
### Contexto de Violencia en Manabí
La masacre en Portoviejo se produce en un contexto de creciente violencia en Manabí, que ha sido catalogada como la provincia más violenta del Ecuador en 2025. Este año ha sido testigo de múltiples masacres y asesinatos, lo que ha llevado al gobierno a declarar un estado de excepción en varias ocasiones. La situación es tan crítica que la comunidad se siente cada vez más insegura, y muchos ciudadanos han comenzado a cuestionar la efectividad de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno.
El comandante Acurio ha señalado que, de acuerdo a los primeros indicios, las víctimas podrían estar vinculadas a un grupo de delincuencia organizada (GDO). Esto no solo indica que la violencia en la región está relacionada con el crimen organizado, sino que también sugiere que las autoridades deben adoptar un enfoque más integral para abordar la raíz del problema. La Policía está actualmente investigando las circunstancias que llevaron a las víctimas a Portoviejo y si estaban involucradas en actividades delictivas.
Además de la masacre, otros incidentes violentos han sido reportados en la región. Por ejemplo, el mismo día de la masacre, un funcionario del Hospital Miguel Hilario Alcívar fue asesinado a tiros, y en la parroquia Picoazá se encontró un cadáver calcinado. Estos eventos son un claro indicativo de que la violencia no es un fenómeno aislado, sino parte de una crisis más amplia que afecta a la provincia y al país en su conjunto.
### La Respuesta de las Autoridades
La respuesta de las autoridades ante esta ola de violencia ha sido objeto de críticas. Muchos ciudadanos sienten que las medidas implementadas son insuficientes y que la Policía no está haciendo lo suficiente para garantizar la seguridad de la población. La falta de recursos, la corrupción y la ineficiencia en el sistema judicial son solo algunos de los factores que han contribuido a la crisis de seguridad en Manabí.
El gobierno ha intentado abordar la situación mediante la implementación de estados de excepción y el despliegue de fuerzas militares en las calles, pero estas medidas han tenido un impacto limitado en la reducción de la violencia. La comunidad exige soluciones más efectivas y sostenibles que aborden las causas subyacentes del crimen, como la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción.
La masacre en Portoviejo es un recordatorio escalofriante de la realidad que enfrentan muchas comunidades en Ecuador. A medida que la violencia continúa en aumento, es fundamental que las autoridades tomen medidas decisivas para restaurar la seguridad y la confianza de la población. La lucha contra el crimen organizado y la violencia no solo es responsabilidad de la Policía, sino que requiere un esfuerzo conjunto de toda la sociedad para crear un entorno más seguro para todos.
