La historia de Samantha Lozada, exdirectora de la Judicatura en Orellana, es un claro reflejo de la crisis de seguridad que enfrenta Ecuador. Tras ser víctima de amenazas y un atentado fallido, Lozada denuncia la falta de protección por parte del Estado y la ineficacia de las instituciones judiciales. Su testimonio revela un patrón alarmante en el que los funcionarios que se enfrentan al crimen organizado son dejados a su suerte, mientras el sistema judicial parece estar en manos de mafias que operan con impunidad.
**El contexto de la violencia en Orellana**
Orellana, una provincia que alguna vez fue tranquila, ha visto un aumento alarmante en la violencia y el crimen organizado. Según Lozada, su persecución comenzó poco después de asumir su cargo en abril de 2024, cuando el tráfico de combustibles, la minería ilegal y el narcotráfico comenzaron a hacerse evidentes. A pesar de su esfuerzo por judicializar casos de tráfico de combustible, se encontró con una serie de obstáculos que impedían la justicia. La falta de respuesta de las autoridades y la inacción de la Policía llevaron a que los delincuentes operaran con total libertad.
La situación se tornó crítica cuando Lozada recibió amenazas directas de miembros de Los Choneros, una de las organizaciones criminales más temidas del país. A pesar de haber denunciado estas amenazas y de haber solicitado protección, la respuesta del Consejo de la Judicatura fue insuficiente. La exfuncionaria relata que, aunque se le asignaron custodios, la protección era mínima y no garantizaba su seguridad. La falta de recursos y la burocracia del sistema judicial contribuyeron a su vulnerabilidad.
**El atentado y la falta de apoyo institucional**
El 22 de octubre de 2025, Lozada vivió un momento aterrador cuando un sicario intentó asesinarla. Durante un viaje con su padre, un hombre armado se acercó a su vehículo y disparó en varias ocasiones. Afortunadamente, el arma se encasquilló, lo que le permitió sobrevivir. Sin embargo, el ataque dejó claro que su vida estaba en grave peligro y que las amenazas eran reales.
Tras el atentado, la respuesta del Consejo de la Judicatura fue decepcionante. Aunque se emitió un comunicado condenando el ataque, Lozada nunca recibió una llamada de apoyo ni se le ofreció la protección adecuada. En lugar de eso, se encontró sola, enfrentando un sistema que parecía más interesado en silenciarla que en protegerla. La falta de acción por parte de las autoridades no solo afectó su vida, sino también la de su familia, quienes comenzaron a recibir amenazas en represalia por su valentía al denunciar la corrupción y el crimen.
La situación se volvió insostenible. A pesar de contar con un equipo de seguridad, la exfuncionaria se vio obligada a esconderse y a vivir con miedo constante. La presión emocional y psicológica que sufrió la llevó a desarrollar problemas de salud mental, incluyendo depresión y ansiedad severa. A pesar de haber informado sobre su condición al IESS, la respuesta fue que ella debía asumir la responsabilidad de mitigar los riesgos, como si fuera su culpa ser blanco de amenazas de muerte.
**La lucha por la justicia y la protección**
A medida que la situación se deterioraba, Lozada decidió renunciar a su cargo, sintiéndose abandonada por el sistema que debía protegerla. Su renuncia fue aceptada sin ningún tipo de reconocimiento por su valentía y sacrificio. Desde entonces, ha enfrentado ataques en redes sociales y ha sido objeto de campañas de desprestigio, donde se la acusa falsamente de corrupción y de ser responsable de la violencia en la región.
A pesar de la adversidad, Lozada ha continuado su lucha por la justicia. Ha documentado cada amenaza y cada ataque, responsabilizando a las autoridades por su desprotección. Gracias a la intervención de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y la ONU, ha logrado obtener una visa de protección internacional y está en proceso de solicitar asilo. Sin embargo, su situación sigue siendo precaria, y las amenazas contra su familia persisten.
La historia de Samantha Lozada es un llamado de atención sobre la grave crisis de seguridad en Ecuador y la necesidad urgente de reformar el sistema judicial. Su valentía al enfrentar al crimen organizado y su lucha por la justicia son un ejemplo de resistencia en un entorno donde muchos optan por el silencio. La falta de protección y apoyo institucional para quienes se enfrentan al crimen organizado pone en evidencia la fragilidad del Estado y la necesidad de un cambio profundo en la forma en que se aborda la seguridad y la justicia en el país.
