El sistema judicial ecuatoriano enfrenta una crisis profunda, marcada por un alarmante índice de impunidad y la creciente desconfianza de la ciudadanía. Según datos de la Fiscalía General del Estado, entre 2020 y 2025, se abrieron casi dos millones de investigaciones penales, pero solo un escaso 2,4% de estos casos culminó en sentencias condenatorias. Este panorama desolador no solo refleja la ineficiencia del sistema, sino que también pone de manifiesto la frustración de los ciudadanos que, ante la falta de resultados, optan por no denunciar delitos.
La carga procesal del sistema judicial ha crecido de manera exponencial en los últimos años. En 2020, se registraron 259.204 casos, cifra que aumentó a 374.848 en 2023. Sin embargo, a partir de ese año, se observó un descenso en el número de nuevas denuncias, lo que algunos expertos atribuyen a la desconfianza generalizada en la capacidad del sistema para ofrecer justicia. Pablo Encalada, abogado penalista, señala que la Fiscalía ha comenzado a aplicar el principio de oportunidad, desestimando denuncias que no corresponden al ámbito penal, lo que podría explicar en parte la disminución de casos.
### La Impunidad y su Impacto en la Ciudadanía
La impunidad se ha convertido en una constante en el sistema judicial ecuatoriano. De los 1.993.211 delitos reportados entre 2020 y 2025, más de un millón de expedientes permanecen en la fase de investigación previa, lo que representa el 52,67% del total. Esta situación ha llevado a que muchos ciudadanos se sientan desmotivados para presentar denuncias, ya que la percepción de que sus casos no serán atendidos se ha arraigado en la sociedad. Richard Villagómez, exjuez nacional, explica que para el ciudadano común, denunciar se ha convertido en un proceso engorroso y poco efectivo, lo que alimenta la idea de que el sistema judicial es incapaz de ofrecer respuestas adecuadas.
La falta de credibilidad en el sistema judicial se ha visto exacerbada por escándalos de corrupción que han sacudido a las instituciones encargadas de impartir justicia. En los últimos años, se han destapado casos de corrupción judicial que involucran a altos funcionarios y han puesto en evidencia la infiltración del crimen organizado en las cortes. Estos eventos han contribuido a la percepción de que el sistema no solo es ineficaz, sino que también está comprometido por intereses ajenos a la justicia.
### La Carga Procesal y los Delitos Más Comunes
Entre los delitos más investigados en Ecuador se encuentran el robo, la violencia psicológica contra la mujer y la intimidación. Sin embargo, la tasa de resolución de estos casos es alarmantemente baja. Por ejemplo, de los 506.240 casos de robo reportados en el período mencionado, más del 63% se encuentran estancados en la fase de investigación previa. Esta situación es aún más crítica en el caso de la violencia psicológica, donde apenas el 0,11% de los casos ha culminado en condena.
La saturación del sistema judicial se traduce en un déficit de jueces y recursos, lo que limita la capacidad de respuesta ante la creciente criminalidad. Villagómez estima que los jueces operan al 60% de su capacidad, lo que agrava la situación y perpetúa el ciclo de impunidad. La falta de personal y la presión sobre los fiscales han llevado a que muchos casos se queden sin atención, lo que se traduce en un colapso del sistema.
La comparación entre la efectividad del sistema judicial en el tratamiento de delitos comunes y delitos relacionados con el narcotráfico es reveladora. Mientras que el tráfico de drogas tiene una tasa de condenas del 24,66%, el robo apenas alcanza el 1,72%. Esta disparidad se debe, en parte, a que los delitos relacionados con el narcotráfico suelen ser procesados en flagrancia, lo que facilita su condena. En contraste, los delitos que afectan directamente a la ciudadanía, como el robo, son tratados con una ineficacia alarmante.
La situación actual del sistema judicial en Ecuador es un reflejo de la complejidad de los problemas sociales y políticos que enfrenta el país. La combinación de una carga procesal abrumadora, la corrupción institucional y la desconfianza ciudadana ha creado un ciclo vicioso que es difícil de romper. La falta de resultados en la justicia penal no solo afecta a las víctimas de delitos, sino que también socava la confianza en las instituciones y en el estado de derecho, lo que puede tener consecuencias a largo plazo para la estabilidad social y política del país.
