Un reciente informe de la Contraloría ha revelado serias irregularidades en la gestión de personal de la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca, conocida como ETAPA EP. Este informe, que abarca el periodo del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2025, ha puesto en evidencia la creación de un cargo sin sustento técnico que permitió a un familiar de un concejal cobrar más de USD 100.000 en sueldos. La Contraloría ha determinado que estas acciones no solo son irregulares, sino que también podrían tener implicaciones penales.
### Hallazgos Clave del Informe
El examen especial realizado por la Contraloría ha identificado varios puntos críticos en la administración de ETAPA. Uno de los hallazgos más alarmantes es la creación de un cargo denominado «Coordinador de Infraestructura y Proyectos Corporativos». Según el informe, este puesto fue creado sin el respaldo técnico necesario y sin seguir la normativa interna de talento humano de la empresa. Esto ha dejado a ETAPA expuesta a posibles acciones judiciales.
Además, se ha señalado que la empresa no ha recuperado pagos excesivos por concepto de décimo tercer sueldo a funcionarios en los años 2018, 2019, 2020 y 2021. De un total de USD 346.156 que debían ser recuperados, aún quedan pendientes USD 245.501. Esta falta de acción ha generado preocupación sobre la gestión financiera de la empresa y su capacidad para manejar adecuadamente los recursos públicos.
La Contraloría también ha indicado que la gerente general de ETAPA no justificó de manera adecuada la creación del cargo en cuestión, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y la ética en la toma de decisiones dentro de la empresa. La designación del familiar del concejal en este puesto ha sido calificada como una inhabilidad, dado el parentesco en primer grado de afinidad, lo que ha llevado a cuestionar la integridad del proceso de contratación.
### Implicaciones Financieras y Legales
Las implicaciones de este informe son significativas. La Contraloría ha sugerido responsabilidades por un monto total de USD 195.000 debido a las irregularidades en el manejo del talento humano. Esto incluye no solo el salario del familiar del concejal, sino también otros pagos excesivos que no han sido recuperados. La falta de un registro contable adecuado y la ausencia de acciones de cobro han contribuido a esta situación, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera de ETAPA.
La situación se complica aún más con la posibilidad de que se presenten cargos penales contra los responsables de estas irregularidades. La Contraloría ha dejado claro que se están investigando los indicios de responsabilidad penal, lo que podría llevar a consecuencias legales para aquellos involucrados en la creación del cargo y en la gestión de los recursos de la empresa.
Desde ETAPA EP, se ha informado que se pronunciarán sobre el informe de la Contraloría en un futuro cercano. Sin embargo, la presión pública y la atención mediática sobre este asunto están aumentando, lo que podría influir en la respuesta de la empresa y en las acciones que se tomen para corregir estas irregularidades.
La situación en ETAPA EP es un claro ejemplo de cómo la falta de transparencia y la mala gestión pueden llevar a la corrupción y al mal uso de los recursos públicos. La ciudadanía espera que se tomen medidas efectivas para garantizar que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro y que se rinda cuentas a quienes han abusado de su posición de poder. La Contraloría, por su parte, ha reafirmado su compromiso de actuar con imparcialidad y rigor en la supervisión de las entidades públicas, asegurando que se respeten los principios de transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos del Estado.
