La Contraloría General del Estado ha revelado un informe alarmante sobre el Hospital General Monte Sinaí de Guayaquil, donde se identificaron irregularidades que podrían representar un perjuicio económico superior a los 4 millones de dólares. Este examen especial, realizado entre enero de 2022 y mayo de 2025, abarca un total de 43 procesos de contratación relacionados con la adquisición de dispositivos médicos, reactivos de laboratorio y otros insumos esenciales para la atención de los pacientes.
### Hallazgos Clave de la Auditoría
Los auditores de la Contraloría llevaron a cabo un análisis exhaustivo de las fases de contratación, desde la preparación hasta la liquidación de los contratos. El monto total de las operaciones auditadas asciende a 17,6 millones de dólares, y los hallazgos son preocupantes. Se sugiere que se establezcan responsabilidades civiles por un total de 3,8 millones de dólares y responsabilidades administrativas que suman 222,840 dólares. Estas cifras reflejan las serias irregularidades encontradas en la gestión de los recursos del hospital.
Uno de los hallazgos más impactantes fue la descarga de 1,344,062 unidades de reactivos de laboratorio del inventario sin que existieran resultados médicos que justificaran su uso. Esto plantea serias dudas sobre el destino de materiales valorados en 3,6 millones de dólares. Además, se identificaron deficiencias en 42 informes de necesidad, que no incluían parámetros esenciales como el stock disponible, el consumo mensual y el tiempo de abastecimiento, lo que impide confirmar si las adquisiciones respondían a necesidades reales del hospital.
La auditoría también reveló inconsistencias en el pesaje de los desechos hospitalarios, lo que resultó en un perjuicio al Estado de 124,390 dólares. Durante un periodo de 157 días, las cifras detalladas en los manifiestos no coincidieron con los registros de las bitácoras de seguridad, lo que sugiere una falta de control en la gestión de residuos.
### Problemas en la Adquisición de Medicamentos
En el ámbito de la adquisición de medicamentos, se encontraron diferencias significativas entre las cantidades registradas en el hospital y las que realmente fueron producidas por los laboratorios. Por ejemplo, del lote de Magaldrato, solo se produjeron 4,000 unidades, pero el hospital registró la entrada de 11,219. Esta discrepancia, junto con una diferencia de 164,045 tabletas masticables Cbcal, plantea serias dudas sobre la transparencia y la correcta gestión de los inventarios.
Además, se identificaron irregularidades en la adquisición de insumos para determinaciones de Hepatitis A y gasometría, donde se determinó un perjuicio de 22,014 dólares. A pesar de que los contratos exigían una vigencia mínima de 12 meses, se ingresaron reactivos con menos de tres meses de vida útil, comprometiendo así la calidad de las pruebas realizadas en el hospital.
Otro aspecto preocupante es el vínculo familiar entre tres oferentes que participaron en procesos de compra de reactivos, lo que podría indicar conflictos de interés y falta de transparencia en la selección de proveedores. Las deficiencias en la gestión de estos contratos han llevado a la emisión de indicios de responsabilidad penal, que han sido remitidos a la Fiscalía General del Estado. Los posibles delitos incluyen la ejecución de contratos para la gestión de desechos, relaciones no declaradas entre proveedores y la adquisición irregular de medicamentos y reactivos.
La situación en el Hospital General Monte Sinaí es un reflejo de la crisis que enfrenta el sector de la salud pública en Ecuador. Los pacientes, que a menudo deben lidiar con largas esperas y desabastecimiento de medicamentos, son los más afectados por estas irregularidades. La Contraloría ha hecho un llamado a las autoridades para que tomen medidas inmediatas y efectivas para corregir estas deficiencias y garantizar que los recursos destinados a la salud pública se utilicen de manera adecuada y transparente.
La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza de la ciudadanía en el sistema de salud. La Contraloría ha dejado claro que se deben tomar acciones concretas para abordar estas irregularidades y asegurar que los hospitales públicos puedan ofrecer la atención que los ciudadanos merecen.
