La reciente auditoría realizada por la Contraloría General del Estado ha revelado serias irregularidades en la ejecución y terminación de un contrato polémico relacionado con la implementación de radares de velocidad en Cuenca. Este contrato, adjudicado en 2022 al Consorcio Móvil Technology Ecuador, tenía como objetivo establecer una plataforma integral para la gestión y control de infracciones de tránsito en la autopista Cuenca-Azogues y otros puntos de la ciudad. Sin embargo, los hallazgos de la auditoría han puesto en tela de juicio la transparencia y la eficacia de este acuerdo.
### Hallazgos de la Auditoría
La Contraloría ha señalado que el análisis se centró en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2025. Durante este tiempo, se identificaron varios indicios de responsabilidad penal y se sugirieron sanciones administrativas que suman un total de USD 73.050, además de responsabilidades civiles que alcanzan los USD 5.486.799,02. Entre los problemas más destacados se encuentran:
1. **Retrasos en la Implementación**: Los dispositivos de radar comenzaron a operar con un retraso significativo de 143 días. Este retraso se atribuye a la falta de control por parte de los administradores del contrato, quienes no realizaron las inspecciones necesarias ni gestionaron adecuadamente las pruebas preoperativas.
2. **Irregularidades en la Inspección**: Se encontraron irregularidades en la etapa de implementación que no fueron comunicadas al consorcio. Esto incluyó la inspección de 32 dispositivos en 16 puntos urbanos, lo que impidió la aplicación efectiva de sanciones por infracciones de tránsito.
3. **Incumplimientos en la Homologación**: La auditoría también reveló que los dispositivos no cumplían con las funcionalidades homologadas, lo que generó dudas sobre su efectividad y legalidad en la aplicación de multas.
4. **Terminación del Contrato**: La Contraloría cuestionó la terminación del contrato por mutuo acuerdo, argumentando que no se demostró la conveniencia para los intereses institucionales. Se destacó que el monto de la cartera pendiente de cobro no tenía sustento, lo que resultó en un perjuicio significativo para la entidad pública.
### Reacciones y Consecuencias
El exalcalde Pedro Palacios defendió la gestión del contrato, afirmando que la auditoría no se realizó al momento de la firma, sino a su ejecución y terminación. Según Palacios, el contrato había sido auditado previamente y no se encontraron irregularidades graves en su firma, aunque sí se hicieron algunas recomendaciones.
Por otro lado, el actual alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, ha sido un crítico abierto de este contrato desde su campaña electoral. Zamora, quien se opuso a la implementación de los radares, prometió su eliminación y, tras asumir la alcaldía, cumplió su promesa al firmar el acta de terminación del contrato. Sin embargo, los radares permanecen instalados en las vías, lo que ha generado confusión y descontento entre los ciudadanos.
La controversia en torno a este contrato no solo ha afectado la imagen de la administración municipal, sino que también ha suscitado un debate más amplio sobre la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas. La Contraloría ha enfatizado su imparcialidad en el proceso, a pesar de las acusaciones de intimidación por parte del alcalde Zamora, quien ha sugerido que las auditorías son motivadas por intereses políticos.
Este caso es solo uno de los varios informes que la Contraloría ha emitido sobre la administración municipal de Cuenca en los últimos meses. En un informe anterior, se encontraron irregularidades en 11 procesos de la municipalidad, lo que ha llevado a un aumento en la presión pública para que se tomen medidas correctivas y se garantice la transparencia en la gestión de recursos públicos.
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la gestión de tránsito en Cuenca y la necesidad de establecer mecanismos más efectivos de control y supervisión en contratos de esta naturaleza. La ciudadanía espera respuestas claras y acciones concretas que aseguren que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente, evitando así situaciones similares en el futuro.
