El Ministerio de Salud Pública (MSP) ha tomado medidas drásticas tras la revelación de irregularidades en la atención al exasambleísta Santiago Díaz Asque, quien se encuentra en prisión preventiva por un caso de violación. Este escándalo ha puesto en el centro de la atención pública la gestión del Centro Especializado en Rehabilitación Integral (CERI) de Conocoto, donde Díaz recibía atención médica y visitas familiares, lo que ha suscitado una serie de investigaciones y despidos en la institución.
Las irregularidades fueron denunciadas el 10 de febrero de 2026, cuando el MSP anunció la desvinculación inmediata del director del CERI. Según informes, el exasambleísta, quien fue miembro de la Revolución Ciudadana, había estado recibiendo atención en este centro de salud de tercer nivel, a pesar de su situación legal. Este centro, que ofrece servicios de rehabilitación y terapia física, se convirtió en un punto de controversia debido a los constantes traslados de Díaz desde la cárcel hacia el CERI, donde su concuñado ocupaba el cargo de director.
### La Investigación del Ministerio de Salud
El MSP ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias que permitieron que un individuo en prisión preventiva tuviera acceso a un centro de salud, donde además recibía visitas familiares. En un comunicado oficial, el ministerio expresó su rechazo al abuso de poder por parte de las autoridades de salud, enfatizando que tales acciones no solo vulneran los principios del servicio público, sino que también socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
El caso de Santiago Díaz ha sido objeto de atención mediática, especialmente por su vinculación con el caso Caja Chica, donde se investiga la ruta del dinero venezolano y otros delitos relacionados. En noviembre de 2025, la Fiscalía presentó pruebas contundentes en su contra, incluyendo testimonios de la víctima, quienes lo acusan de violación a una menor de 12 años. Este contexto ha intensificado el escrutinio sobre cómo se manejan los casos de personas privadas de libertad y la transparencia en las instituciones de salud.
El Servicio Nacional de Personas Privadas de Libertad (SNAI) no ha ofrecido respuestas claras sobre los traslados de Díaz al CERI, lo que ha generado aún más dudas sobre la gestión de los centros de privación de libertad en el país. La falta de comunicación y transparencia por parte de las autoridades ha llevado a la ciudadanía a cuestionar la integridad del sistema penitenciario y de salud pública.
### Reacciones y Consecuencias
La situación ha provocado reacciones diversas en la opinión pública y entre los políticos. Rafael Correa, ex presidente de Ecuador y líder del correísmo, ha calificado de «shows baratos» los testimonios de Santiago Díaz en el marco del caso Caja Chica. Esta declaración ha añadido una capa de complejidad al debate, ya que muchos ven en ella un intento de desviar la atención de las serias acusaciones que enfrenta el exasambleísta.
La desvinculación del director del CERI es solo el primer paso en un proceso que podría llevar a más despidos y sanciones dentro del sistema de salud pública. La investigación en curso busca identificar a todos los responsables de las irregularidades, lo que podría resultar en un cambio significativo en la gestión de los centros de salud y rehabilitación en el país.
La atención que ha recibido este caso también ha puesto de manifiesto la necesidad de reformas en el sistema penitenciario y de salud. La ciudadanía exige mayor transparencia y rendición de cuentas, especialmente en casos que involucran a figuras públicas y delitos graves. La situación de Santiago Díaz es un recordatorio de las fallas en el sistema y de la importancia de garantizar que las instituciones cumplan con su deber de manera ética y responsable.
En resumen, el caso de Santiago Díaz y las irregularidades en el CERI de Conocoto han desatado un debate crucial sobre la justicia, la salud pública y la ética en el servicio público. A medida que avanza la investigación, la sociedad ecuatoriana espera respuestas y acciones concretas que aseguren que tales abusos no se repitan en el futuro.
