La Fiscalía General del Estado ha llevado a cabo un allanamiento en las oficinas de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (Eerssa) en Loja, como parte de una investigación relacionada con contratos firmados con la empresa Progen. Este operativo, realizado el 26 de diciembre de 2025, busca recolectar pruebas y elementos que ayuden a esclarecer las irregularidades en los contratos que han suscitado preocupación en el ámbito público y gubernamental.
### Contexto de la Investigación
La intervención de la Fiscalía se enmarca dentro de un examen especial que la Contraloría General del Estado está llevando a cabo sobre los contratos firmados por Eerssa con Progen y el Consorcio Térmica Catamayo. Estos contratos, que suman un total de USD 20,1 millones, fueron firmados en julio de 2024, en un contexto de crisis eléctrica y necesidad de repotenciación de la central termoeléctrica Catamayo, ubicada en Loja.
La situación se ha complicado debido a que, a pesar de que Progen tenía un plazo de seis meses para instalar nuevas soluciones de generación eléctrica, los trabajos no se han cumplido según lo acordado. Las autoridades han señalado que la obra comenzó a ejecutarse dos meses después de la firma del contrato, lo que ha generado dudas sobre la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones. Además, se ha reportado que los motores que se utilizaron para la repotenciación eran del año 2023, lo que ha levantado más banderas rojas sobre la calidad y la viabilidad del proyecto.
### Demandas y Consecuencias Legales
La situación ha llevado a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) a presentar una demanda civil contra Progen en una corte del distrito medio de Florida, Estados Unidos. En esta demanda, el Estado ecuatoriano busca una indemnización por daños y perjuicios, alegando fraude y enriquecimiento injusto por parte de Progen. La demanda también menciona violaciones a la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales de Florida, así como una conspiración para causar daño a Celec.
El contralor del Estado, Mauricio Torres, ha expresado su preocupación por la posibilidad de que este caso siga el mismo camino que otros casos anteriores de irregularidades en contratos públicos. La falta de cumplimiento por parte de Progen ha llevado a que Celec recupere solo un valor mínimo de los contratos, lo que ha generado un clima de desconfianza y preocupación entre los ciudadanos y las autoridades.
La Fiscalía, al realizar el allanamiento, busca obtener información y pruebas que puedan ser determinantes en el desarrollo de la investigación. Este tipo de acciones son fundamentales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos, especialmente en un sector tan crítico como el eléctrico.
La situación en Loja es un reflejo de los desafíos que enfrenta el país en términos de gestión de contratos públicos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión. La intervención de la Fiscalía y la Contraloría son pasos importantes para abordar estas irregularidades y asegurar que se tomen las medidas necesarias para prevenir futuros casos similares.
La comunidad local y los usuarios del servicio eléctrico están a la expectativa de los resultados de esta investigación, que podría tener repercusiones significativas no solo para Progen, sino también para la gestión de la Empresa Eléctrica de Loja y la confianza en las instituciones públicas. La transparencia en este proceso es crucial para restaurar la confianza de los ciudadanos en el sistema eléctrico y en la gestión pública en general.
