La Fiscalía General del Estado ha intensificado su investigación en el caso conocido como Apagón, que se centra en un presunto peculado relacionado con contratos de generación eléctrica firmados en 2024 entre la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) y la empresa estadounidense Progen. Este caso ha cobrado relevancia en el ámbito nacional, especialmente tras la reciente realización de nuevos allanamientos en Quito y Guayaquil el 28 de agosto de 2025, donde se han intervenido diversas propiedades vinculadas a los investigados.
Los allanamientos, llevados a cabo por personal de la Policía y la Fiscalía, tienen como objetivo recabar pruebas que sustenten las acusaciones de mal manejo de fondos públicos. Durante estas operaciones, se han confiscado computadoras, documentos, dispositivos de almacenamiento y teléfonos celulares, elementos que podrían contener información crucial para el avance de la investigación.
El caso Apagón se inició el 28 de julio de 2025, cuando la Fiscalía llevó a cabo una serie de allanamientos en oficinas estatales y residencias de los sospechosos, incluyendo la vivienda de Fabián Calero, quien fue viceministro de Energía y gerente de Celec. La investigación se ha ampliado para incluir a un total de 12 personas, todas ellas bajo sospecha de estar involucradas en irregularidades en la gestión de contratos de generación eléctrica.
### Contexto del Caso Apagón
La génesis de este escándalo se remonta a la firma de contratos con Progen para la instalación de centrales termoeléctricas en Quevedo y El Salitral. La Contraloría General del Estado ha determinado que estos contratos han causado un perjuicio económico al Estado de aproximadamente 100 millones de dólares. Este hallazgo ha llevado a la Fiscalía a actuar con rapidez, buscando esclarecer las responsabilidades y posibles delitos cometidos durante la gestión de estos contratos.
El exgerente de Celec, Fabián Calero, ha sido uno de los nombres más mencionados en este caso. Su papel en la firma de los contratos y su relación con Progen han suscitado numerosas preguntas sobre la transparencia y la legalidad de las decisiones tomadas durante su gestión. La Fiscalía ha señalado que las indagaciones están en curso y que se están tomando medidas para garantizar que se haga justicia.
Además de Calero, otros funcionarios y empleados de Celec están siendo investigados, lo que ha generado un clima de incertidumbre en el sector eléctrico del país. La situación ha puesto de relieve la necesidad de una mayor supervisión y control en la gestión de recursos públicos, especialmente en áreas tan críticas como la generación de energía.
### Implicaciones para el Sector Energético
El caso Apagón no solo tiene repercusiones legales para los involucrados, sino que también plantea serias preocupaciones sobre la confianza pública en las instituciones encargadas de la gestión de recursos energéticos. La crisis eléctrica que ha afectado a Ecuador en los últimos años ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema y la importancia de contar con una administración eficiente y transparente.
La situación actual ha llevado a un llamado a la acción por parte de diversos sectores de la sociedad, que exigen una revisión exhaustiva de los contratos y una evaluación de las políticas energéticas del país. La falta de transparencia en la gestión de recursos ha sido un tema recurrente en el debate público, y el caso Apagón podría ser un catalizador para cambios significativos en la regulación del sector.
Los ciudadanos están cada vez más preocupados por el uso de sus impuestos y la manera en que se gestionan los recursos del Estado. La percepción de corrupción y mal manejo de fondos públicos puede erosionar la confianza en las instituciones y afectar la estabilidad política y económica del país. Por lo tanto, es crucial que la Fiscalía y otras entidades competentes actúen con diligencia para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles sobre el caso Apagón y que se tomen medidas concretas para prevenir futuros incidentes de corrupción en el sector energético. La sociedad ecuatoriana está atenta a los desarrollos de este caso, que podría marcar un antes y un después en la forma en que se manejan los contratos públicos y la gestión de recursos en el país.
