La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, impulsada por el presidente Daniel Noboa, fue diseñada con la intención de fomentar la creación de empleo en Ecuador, especialmente entre los jóvenes y aquellos que han estado privados de libertad. Esta normativa, que entró en vigor en diciembre de 2023, ofrece incentivos fiscales a las empresas que contraten a estos grupos vulnerables. Sin embargo, a casi dos años de su implementación, los resultados han sido mixtos y la acogida de la ley ha sido menor a la esperada.
### Incentivos Fiscales y su Aplicación
La ley establece varios beneficios tributarios que buscan motivar a las empresas a crear nuevas plazas de trabajo. Entre los incentivos más destacados se encuentran deducciones significativas en el Impuesto a la Renta para las empresas que contraten a jóvenes de entre 18 y 29 años, así como a personas que han cumplido penas privativas de libertad. Por ejemplo, las empresas pueden deducir hasta un 75% de los gastos salariales de nuevos empleados si estos son jóvenes graduados de instituciones educativas públicas o si han estado en prisión.
A pesar de estos incentivos, el impacto en la creación de empleo ha sido limitado. Según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), el beneficio más utilizado ha sido el de contratación de jóvenes, que generó deducciones por un total de USD 3,4 millones en 2024. Sin embargo, la tasa de desempleo juvenil se mantuvo alta, con un 8,1% en septiembre de 2025, una cifra que no muestra mejoras significativas respecto al año anterior. Esto plantea interrogantes sobre la efectividad de la ley y su capacidad para generar el empleo que prometía.
El sector agrícola fue el que más se benefició de estas deducciones, impulsado por un aumento en las ventas debido a precios récord de productos como el cacao. Sin embargo, las empresas del sector de la construcción y manufactura también reportaron deducciones significativas, aunque no al mismo nivel que el sector agrícola. La abogada laboral Vanessa Velásquez señala que la falta de difusión de estos beneficios ha limitado su uso, especialmente en el caso de la contratación de personas que han estado en prisión.
### Desafíos en la Inclusión Laboral
Uno de los objetivos centrales de la Ley de Eficiencia Económica era facilitar la reintegración laboral de personas que han estado privadas de libertad. Sin embargo, los datos indican que las empresas no han aprovechado adecuadamente los incentivos para contratar a este grupo. Según el informe del SRI, las deducciones por la contratación de personas que han cumplido penas de prisión sumaron apenas USD 10,000, lo que indica una escasa acogida de este beneficio.
La falta de interés por parte de las empresas puede atribuirse a varios factores, incluyendo la percepción de riesgo al contratar a personas con antecedentes penales y la falta de programas de apoyo que faciliten su reintegración en el mercado laboral. Velásquez enfatiza la necesidad de una colaboración más estrecha entre el Gobierno y las organizaciones laborales para desarrollar programas de inclusión que realmente ayuden a estos individuos a encontrar empleo.
Además, la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, que exige a las empresas con más de 50 trabajadores contratar un porcentaje de jóvenes, ha creado una presión adicional sobre las empresas. Sin embargo, la falta de un marco claro y de incentivos adecuados ha llevado a que muchas empresas opten por cumplir con la ley de manera superficial, sin realmente contribuir a la creación de empleo significativo.
En resumen, aunque la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo tiene el potencial de transformar el panorama laboral en Ecuador, su implementación ha enfrentado desafíos significativos. La baja acogida de los incentivos fiscales, especialmente para la contratación de personas que han estado en prisión, y la persistente alta tasa de desempleo juvenil son indicadores de que se requiere un enfoque más integral y colaborativo para abordar estos problemas. La creación de empleo no solo depende de incentivos fiscales, sino también de un compromiso genuino por parte de las empresas y del Gobierno para fomentar un entorno laboral inclusivo y sostenible.
