La situación política en Guayaquil ha tomado un giro drástico en los últimos meses, afectando gravemente la contratación de obras municipales. La administración de la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, ha enfrentado desafíos significativos desde la detención del alcalde Aquiles Alvarez en febrero de 2026, lo que ha llevado a una caída alarmante en la inversión en proyectos públicos. Según datos del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la contratación de obras en la ciudad se ha desplomado en un 91% en los primeros dos meses de 2026, comparado con el mismo periodo del año anterior.
La ausencia del alcalde, quien se encuentra en prisión preventiva por supuesta delincuencia organizada, ha dejado un vacío en la gestión municipal. En enero y febrero de 2026, la inversión en proyectos adjudicados apenas alcanzó los USD 8,4 millones, una cifra que representa menos del 10% de los USD 97 millones contratados en el mismo periodo de 2025. Esta drástica disminución ha generado preocupación entre los ciudadanos y analistas, quienes ven en esta situación un reflejo de las pugnas políticas que han marcado la administración local.
La falta de adjudicaciones ha sido evidente, con el Sercop reportando que no se han publicado procesos de compra desde el 31 de diciembre de 2025. En su lugar, se han registrado 40 compras suspendidas, que incluyen importantes proyectos como la fiscalización de obras de soterramiento de cables de telecomunicaciones y la renovación urbanística de la avenida Víctor Emilio Estrada. Estas suspensiones no solo afectan la ejecución de obras, sino que también generan incertidumbre en la comunidad, que espera mejoras en la infraestructura de la ciudad.
La administración de Guayaquil, que incluye un holding de 14 empresas públicas y fundaciones, ha sido históricamente una de las mayores contratantes del Sercop. En 2025, la municipalidad adjudicó 390 contratos por un total de USD 238,6 millones. Sin embargo, en 2026, solo se han adjudicado 37 contratos por un total de USD 8,4 millones, todos en enero. Esta caída en la contratación se produce en un contexto de conflictos entre el alcalde Aquiles Alvarez y el presidente Daniel Noboa, así como en medio de investigaciones judiciales que han llevado a la suspensión de procesos de compra.
La situación se complica aún más con la reciente denuncia del coordinador jurídico de la alcaldía, César Poveda, quien ha señalado que las suspensiones de procesos de compra impactan directamente en proyectos vitales para la ciudad, como el mantenimiento vial y la compra de luminarias. Poveda ha indicado que desde el 19 de febrero de 2026, se han suspendido 33 procesos en el municipio y 13 en diversas empresas públicas. Esta situación ha sido atribuida a decisiones del gobierno central a través del Sercop, lo que ha llevado a la municipalidad a aclarar que las paralizaciones no son resultado de fallas internas.
A pesar de la crisis, la administración de Tatiana Coronel ha realizado algunas adquisiciones, aunque estas se han limitado a órdenes de compra en lugar de procesos regulares de contratación. Entre las compras realizadas en 2026 se incluyen 500 computadoras portátiles por un total de USD 804.425, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia y justificación en el gasto. La comunidad ha expresado su frustración ante la falta de avances en proyectos de infraestructura, como la reconstrucción del mercado Guasmo Norte, que ha sido postergada a pesar de su deterioro evidente.
La situación actual en Guayaquil es un claro reflejo de cómo las pugnas políticas y los problemas judiciales pueden afectar la administración pública y, en consecuencia, el bienestar de los ciudadanos. La falta de inversión en obras y la paralización de proyectos esenciales son solo algunos de los efectos colaterales de un conflicto que parece no tener fin. Los ciudadanos esperan que la situación se resuelva pronto y que se retome la inversión en infraestructura que tanto necesita la ciudad.