El Municipio de Guayaquil ha propuesto una nueva ordenanza que busca regular el uso de canchas sintéticas y otros espacios recreativos en los más de 2.300 parques de la ciudad. Esta medida, impulsada por la Empresa Pública de Parques (Parques EP), establece tarifas que varían según el tipo de actividad y el tamaño de las instalaciones. La propuesta ha generado un intenso debate entre los ciudadanos y los concejales, quienes expresan preocupaciones sobre su impacto social y económico.
### Detalles de la Propuesta de Ordenanza
La propuesta contempla el cobro por el uso exclusivo y temporal de canchas deportivas, carpas, juegos y otros espacios recreativos. Según el borrador de la ordenanza, las tarifas más altas se aplicarán a las canchas sintéticas de fútbol durante los fines de semana y los viernes. Las tarifas propuestas son las siguientes:
– Cancha pequeña: hasta USD 10 por hora
– Cancha mediana: hasta USD 20 por hora
– Cancha grande: hasta USD 45 por hora
De lunes a jueves, el uso de todas las canchas será gratuito hasta las 17:00 horas. Sin embargo, fuera de este horario, se aplicarán tarifas que varían según el tipo de campo. Para otras disciplinas deportivas como vóley, básquet o handball, el costo será de USD 5 por hora. Las canchas de arena y de tenis tendrán tarifas intermedias, con precios que oscilan entre USD 7,50 y USD 10 por hora.
Además de las tarifas por el uso de canchas, la ordenanza también incluye cobros mensuales para el uso de elementos comerciales en los parques. Por ejemplo, los carritos de helado tendrían un costo de USD 58 al mes, mientras que las carretas de comida rápida alcanzarían los USD 336 mensuales. Los juegos infantiles mecánicos podrían costar hasta USD 1.000 al mes, y los inflables entre USD 86 y USD 194, dependiendo de su tamaño. También se establecerán tarifas para eventos sociales o fotográficos, que costarían USD 80 por hasta cinco horas de uso.
### Reacciones y Críticas a la Iniciativa
La propuesta ha suscitado críticas por parte de algunos concejales y ciudadanos, quienes la consideran una medida recaudatoria que podría excluir a quienes no pueden pagar por el uso de espacios públicos. La concejala Ana Belén Chóez ha manifestado su desacuerdo, argumentando que la ordenanza carece de un enfoque social y técnico claro. Según ella, «lo público es para todos y esto no se puede convertir en un lujo». Chóez también ha cuestionado la falta de socialización directa con los actores involucrados en la aplicación de esta ordenanza, sugiriendo que la participación ciudadana debería ir más allá de simplemente publicar el proyecto en el portal municipal.
Además, la concejala ha señalado que la propuesta no toma en cuenta el contexto actual de inseguridad en la ciudad, donde muchos comerciantes ya enfrentan amenazas y extorsiones. «No puedes avanzar al cobro del uso de espacio público cuando en el propio espacio público no hay seguridad», advirtió Chóez. También ha exigido mayor transparencia en la gestión de los recursos destinados al mantenimiento de los parques, cuestionando cómo se utilizarán los ingresos generados por estas tarifas.
La directora de Ambiente del Municipio, Isabel Tamariz, ha defendido la propuesta, argumentando que la medida busca garantizar el mantenimiento de los espacios públicos, cuyo costo anual asciende a USD 10 millones. Tamariz ha enfatizado que los eventos organizados por el municipio estarían exentos del pago y que los valores propuestos son preliminares, sujetos a modificaciones tras la etapa de socialización.
A medida que la propuesta avanza, se espera que pase por un debate en el Concejo Cantonal de Guayaquil, donde deberá ser discutida en dos sesiones antes de su posible aprobación. La controversia en torno a esta iniciativa refleja la tensión entre la necesidad de financiar el mantenimiento de los espacios públicos y la importancia de garantizar el acceso equitativo a estos recursos para todos los ciudadanos. La discusión sobre la ordenanza continúa generando un intenso debate en la ciudad, especialmente en sectores donde el espacio público es vital para la convivencia y la subsistencia de los comerciantes y emprendedores locales.
