En el contexto económico actual, el gobierno de Daniel Noboa ha implementado una serie de medidas para reducir los subsidios a los combustibles en Ecuador. Estas acciones buscan no solo aliviar la carga fiscal del Estado, sino también fomentar un uso más responsable de los recursos energéticos y alinearse con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). En este artículo, analizaremos las estrategias adoptadas por el gobierno y sus implicaciones en la economía del país.
**Reducción Gradual de Subsidios**
Desde que asumió la presidencia, Noboa ha llevado a cabo un enfoque gradual para reducir el gasto en subsidios a los combustibles. En menos de dos años, se estima que estas medidas podrían generar un ahorro de aproximadamente USD 1.041 millones anuales. Uno de los pasos más significativos fue la implementación de un sistema de bandas de precios para las gasolinas Extra y Ecopaís, que son las más utilizadas por los vehículos livianos en el país. Este mecanismo, introducido el 28 de junio de 2024, permite que los precios de las gasolinas varíen mensualmente, basándose en una fórmula que considera el precio internacional del petróleo y otros factores del mercado.
El gobierno previó que este sistema de bandas podría generar ahorros de hasta USD 630 millones al año. Sin embargo, se estableció una compensación mensual para ciertos grupos de conductores, lo que redujo el ahorro esperado a USD 595 millones. A pesar de esto, el Estado ha visto una disminución significativa en el subsidio a las gasolinas importadas, que cayó de USD 253 millones entre junio y diciembre de 2023 a solo USD 10,3 millones en el mismo período de 2024.
Otro aspecto relevante en la estrategia de Noboa fue la eliminación del subsidio al diésel utilizado por los barcos atuneros, anunciada el 2 de junio de 2025. Esta medida se espera que genere un ahorro de aproximadamente USD 42 millones. El gobierno ha argumentado que el 60% de este subsidio beneficiaba a solo 29 empresas, lo que plantea interrogantes sobre la equidad de estas ayudas.
**Impacto en la Economía y la Sociedad**
La reducción de subsidios a los combustibles no solo tiene implicaciones económicas, sino que también puede afectar a la sociedad en general. Históricamente, la eliminación de subsidios ha provocado protestas y movilizaciones sociales en Ecuador. Por ejemplo, en 2019, el retiro abrupto de subsidios por parte del entonces presidente Lenín Moreno desencadenó una serie de protestas que resultaron en pérdidas millonarias para el país. Noboa parece haber aprendido de estas experiencias y ha optado por un enfoque más gradual, buscando evitar reacciones adversas de la población.
El economista Freddy García ha destacado que los cambios implementados por Noboa son pequeños pero significativos, y que el gobierno ha buscado ahorro en otras áreas, como en los subsidios a las tarifas eléctricas del sector industrial. En octubre de 2024, se incrementaron las tarifas de luz para grandes consumidores, lo que también forma parte de la estrategia para reducir el gasto público.
Además, el reciente decreto 83, que modifica la fórmula de cálculo del precio de las gasolinas, ha sido visto como un paso positivo hacia una mayor transparencia en los precios de los combustibles. Sin embargo, este decreto también implica que los consumidores finales pagarán un precio más alto, lo que podría generar descontento entre ciertos sectores de la población.
El desafío para el gobierno radica en encontrar un equilibrio entre la necesidad de reducir el gasto público y la presión social que puede surgir de estas decisiones. García sugiere que el siguiente paso debería ser focalizar el subsidio al diésel, que es el más costoso, pero también el que plantea más desafíos. La clave estará en encontrar mecanismos de compensación adecuados para los sectores que podrían verse afectados por el aumento de precios.
En resumen, las medidas adoptadas por el gobierno de Daniel Noboa para reducir los subsidios a los combustibles son parte de un esfuerzo más amplio por lograr finanzas más sostenibles y alinearse con las exigencias del FMI. Sin embargo, la implementación de estas políticas debe ser manejada con cuidado para evitar reacciones adversas de la población y asegurar que los sectores más vulnerables no sean los más afectados por los cambios en los precios de los combustibles.
