El juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ha tomado un giro inesperado al declararse en reserva la sesión en la Asamblea Nacional. Este proceso, impulsado por la Revolución Ciudadana, ha generado un intenso debate sobre la independencia judicial y la transparencia en la administración de justicia en el país. La situación se complica aún más con las acusaciones de presiones ejercidas sobre un juez anticorrupción para favorecer a un narcotraficante serbio, lo que ha llevado a la oposición a cuestionar la integridad del sistema judicial.
La llegada de Godoy a la Asamblea el 3 de febrero de 2026 marcó un hito en este proceso, siendo la primera vez que se presenta ante la Comisión de Fiscalización para defenderse de las acusaciones en su contra. Los legisladores de la Revolución Ciudadana, entre ellos Viviana Veloz y Franklin Samaniego, han sido los principales impulsores de este juicio, argumentando que Godoy ha incumplido sus funciones al permitir que su Judicatura interfiriera en decisiones judiciales cruciales.
### Acusaciones y Pruebas Presentadas
Las acusaciones contra Godoy son graves. Se le imputa haber ejercido presiones sobre el juez Carlos Serrano para que favoreciera al narcotraficante Jezdimir Srdan en un caso de corrupción. Esta situación no solo pone en tela de juicio la independencia del poder judicial, sino que también plantea serias dudas sobre la ética de los funcionarios involucrados. La defensa de Godoy se basa en la afirmación de que no ha cometido ninguna irregularidad y que está dispuesto a defender su honor ante la Comisión de Fiscalización.
Durante la sesión, se presentaron diversas pruebas documentales y audiovisuales, tanto de la parte acusadora como de la defensa. Sin embargo, la situación se tornó tensa cuando se discutió la inclusión de nuevas pruebas que, según los legisladores de la Revolución Ciudadana, eran cruciales para el caso. El presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, rechazó estas pruebas, argumentando que no se justificaba su inclusión, lo que provocó un fuerte desacuerdo entre los miembros de la comisión.
Uno de los puntos más controvertidos fue la lectura de un certificado societario de la Superintendencia de Compañías que vinculaba a la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, con el narcotraficante Srdan. Esta información fue considerada como reservada por la Superintendencia, lo que llevó a Álvarez a declarar la sesión en reserva y a pedir la salida de los medios de comunicación y otros asistentes no autorizados. Esta decisión ha sido criticada por la oposición, que argumenta que la transparencia es fundamental en un proceso de esta magnitud.
### La Reacción de los Involucrados
La reacción de los legisladores de la Revolución Ciudadana ha sido contundente. Viviana Veloz y Xavier Lasso han acusado a Álvarez de querer proteger a Godoy al no aceptar las nuevas pruebas. Este enfrentamiento ha puesto de manifiesto las tensiones políticas que rodean el juicio, donde cada partido busca posicionarse ante la opinión pública. La defensa de Godoy, por su parte, ha insistido en que se trata de un ataque político más que de un proceso judicial legítimo.
El presidente de la Comisión de Fiscalización ha advertido que no permitirá que el juicio se convierta en un espectáculo político, y ha amenazado con suspender la sesión si se producen incidentes. Esta postura ha sido vista como un intento de mantener el control sobre el proceso, aunque también ha generado críticas por parte de quienes consideran que la falta de transparencia podría perjudicar la credibilidad del sistema judicial.
A medida que avanza el juicio, la atención se centra en cómo se desarrollarán las próximas sesiones y qué impacto tendrá este proceso en la imagen de la Judicatura y del propio Mario Godoy. La situación es un reflejo de las complejidades políticas y judiciales que enfrenta el país, donde la lucha por la transparencia y la independencia judicial se entrelaza con las dinámicas de poder entre los diferentes actores políticos.
El desenlace de este juicio político no solo afectará a Godoy, sino que también podría tener repercusiones significativas en la confianza del público en el sistema judicial y en la política en general. La sociedad observa atentamente cómo se desenvuelven los acontecimientos, esperando que se respete el debido proceso y que se garantice la justicia en un contexto tan delicado.
