El juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ha captado la atención de la opinión pública en Ecuador. Este proceso, impulsado por la Revolución Ciudadana, se centra en acusaciones de presiones indebidas sobre un juez anticorrupción, lo que ha generado un intenso debate en la Asamblea Nacional. La sesión del 3 de febrero de 2026 marcó un hito en este proceso, donde Godoy se presentó para defenderse ante la Comisión de Fiscalización.
### Contexto del Juicio Político
Mario Godoy llegó a la Asamblea Nacional en un ambiente tenso, rodeado de legisladores que han cuestionado su gestión al frente del Consejo de la Judicatura. Las acusaciones en su contra incluyen presiones ejercidas por funcionarios de su confianza sobre el juez Carlos Serrano, quien estaba a cargo de un caso relacionado con el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. Según los denunciantes, estas acciones violan el artículo 168 de la Constitución, que establece la independencia judicial y la transparencia en la administración de justicia.
La sesión fue convocada para revisar las pruebas documentales y audiovisuales presentadas tanto por los acusadores como por la defensa. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, enfatizó la necesidad de llevar a cabo el juicio con respeto y consideración, advirtiendo que no toleraría ningún tipo de espectáculo político. Sin embargo, su postura fue criticada por los legisladores correístas, quienes acusaron a Álvarez de intentar obstaculizar el proceso al no aceptar nuevas pruebas.
### Las Pruebas y la Defensa de Godoy
Durante la sesión, el correísmo presentó una serie de pruebas que incluyen acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) relacionadas con las elecciones de Godoy como vocal del Consejo de la Judicatura. También se mencionaron presiones a la jueza Nubia Vera para emitir una sentencia en contra de la entonces vicepresidenta Verónica Abad. La defensa de Godoy, encabezada por su abogado Stalin Raza, argumentó que las pruebas presentadas por la parte acusadora eran circulares y carecían de sustento.
Godoy, en su defensa, negó categóricamente tener nexos con grupos delincuenciales y afirmó que no había evidencia que respaldara tales acusaciones. A pesar de la presión mediática y política, se mostró confiado en su inocencia y en la legalidad de su actuación al frente de la Judicatura. Sin embargo, el proceso se tornó más complicado cuando se reveló que algunas entidades no habían respondido a solicitudes de información que eran cruciales para su defensa.
La sesión se declaró reservada en un momento crítico, lo que generó tensiones adicionales entre los miembros de la Asamblea. Esta decisión fue tomada por Álvarez tras la presentación de pruebas que contenían información sensible. La reserva duró aproximadamente 45 minutos, tras los cuales se reanudó la sesión en un ambiente más controlado.
### Reacciones y Consecuencias del Juicio
El juicio político de Mario Godoy no solo ha puesto en tela de juicio su gestión, sino que también ha evidenciado las divisiones políticas en el país. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana continúan presentando pruebas y argumentando a favor de la destitución de Godoy, mientras que los miembros de ADN defienden su posición y critican la falta de fundamento en las acusaciones.
La situación ha generado un clima de incertidumbre en la política ecuatoriana, donde el futuro de Godoy y su capacidad para continuar al frente del Consejo de la Judicatura están en juego. La presión de la opinión pública y el escrutinio mediático han aumentado, lo que podría influir en el desenlace de este juicio político.
A medida que avanza el proceso, se espera que se presenten más pruebas y testimonios que podrían cambiar el rumbo del juicio. La defensa de Godoy ha prometido demostrar su inocencia y desmentir las acusaciones que han empañado su imagen y su carrera política. La Asamblea Nacional se enfrenta a un desafío significativo, ya que debe equilibrar la justicia con la política en un contexto donde las decisiones pueden tener repercusiones a largo plazo en la confianza pública hacia las instituciones del país.
