En el contexto económico actual de Ecuador, los beneficios tributarios se han convertido en un tema de gran relevancia. Según un informe reciente del Servicio de Rentas Internas (SRI), el Estado dejó de recibir USD 1.871 millones en 2024 debido a diversas deducciones y exoneraciones fiscales. De esta cifra, USD 749 millones corresponden a contribuyentes de altos ingresos, lo que plantea interrogantes sobre la equidad y la sostenibilidad del sistema tributario en el país.
**La Magnitud de la Pérdida Fiscal**
El gasto tributario, que se refiere a la cantidad de dinero que el Estado deja de recaudar por beneficios fiscales, ha alcanzado cifras alarmantes. En 2024, casi un tercio de la pérdida total se debió al Impuesto a la Renta, mientras que el resto se distribuyó entre el IVA y otros impuestos. Este fenómeno no solo afecta la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales, sino que también plantea un dilema sobre la justicia fiscal.
El monto perdido por deducciones y exoneraciones supera el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Humano, que se destina a transferencias y ayudas para las familias más vulnerables. Esto pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas fiscales, especialmente en un contexto donde la recaudación es crucial para el desarrollo social y económico del país.
Los beneficios tributarios han sido diseñados con la intención de fomentar la inversión y el empleo, pero la realidad muestra que, en muchos casos, estos incentivos terminan favoreciendo a quienes ya tienen mayores recursos. Por ejemplo, el 51% del gasto tributario en Impuesto a la Renta se destina a beneficios para personas naturales, siendo las deducciones por gastos personales el tipo de beneficio más significativo. Esto incluye deducciones por vivienda, alimentación, salud y educación, que en conjunto han costado al Estado USD 380 millones.
**Los Altos Ingresos y su Relación con los Beneficios Fiscales**
Un análisis más profundo revela que las personas con ingresos más altos, que oscilan entre USD 1.890 y USD 1 millón al mes, son las que generan el mayor costo para el Estado. Este grupo representa el 78% de todos los beneficios otorgados a personas naturales por Impuesto a la Renta, lo que plantea la pregunta de si el sistema tributario realmente está diseñado para ser progresivo y equitativo.
El economista Ángel Maridueña explica que la razón detrás de esta concentración de beneficios se debe a la proporcionalidad de los ingresos. A medida que los ingresos aumentan, también lo hacen las deducciones, lo que resulta en un mayor beneficio total para este grupo. Además, la capacidad del SRI para rastrear las fuentes de ingreso de los contribuyentes de altos ingresos es significativamente mayor, lo que no ocurre con aquellos que tienen ingresos más bajos y que a menudo operan en la informalidad.
A pesar de que los beneficios para personas naturales representan una parte considerable de la pérdida fiscal, el enfoque del gobierno parece estar cambiando hacia la revisión de las exoneraciones y exenciones tributarias otorgadas a las empresas. Esto se alinea con las metas establecidas en el programa de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que busca racionalizar los gastos tributarios ineficientes para aumentar los ingresos por Impuesto a la Renta de las empresas.
Las empresas, especialmente en los sectores de manufactura y comercio, son las que más se benefician de las deducciones fiscales. En total, se estima que las empresas han generado USD 914 millones en beneficios tributarios, lo que representa el 14% del total del gasto tributario. Sin embargo, se prevé que en 2026, con el aumento del pago de la deuda externa y la reducción de ingresos tributarios, el gobierno deberá considerar ajustes significativos para asegurar una recaudación más efectiva.
La situación actual plantea un desafío importante para el gobierno ecuatoriano. La necesidad de reformar el sistema tributario es evidente, no solo para aumentar la recaudación, sino también para garantizar que el sistema sea justo y equitativo. La revisión de los beneficios fiscales, especialmente aquellos que favorecen a los contribuyentes de altos ingresos y a las grandes empresas, será crucial en los próximos años. La capacidad del Estado para financiar servicios esenciales y apoyar a las poblaciones más vulnerables dependerá en gran medida de cómo se aborden estas cuestiones en el futuro.
