La reciente decisión de la Asamblea Nacional de Ecuador sobre la exasambleísta Esther Cuesta ha generado un amplio debate en el ámbito político y legal del país. En una sesión celebrada el 27 de mayo de 2025, el Pleno de la Asamblea, con una mayoría oficialista, resolvió no levantar la inmunidad parlamentaria de Cuesta, quien ya no ocupa su cargo desde el 13 de mayo del mismo año. Esta resolución se produce en el contexto del caso Ligados, una investigación que involucra a varios políticos y exfuncionarios en una supuesta red de corrupción.
La votación resultó en 78 votos a favor de declarar improcedente el pedido judicial para levantar la inmunidad, 65 en contra y 6 abstenciones. La moción fue presentada por la legisladora Esperanza Rogel, quien argumentó que Cuesta, al haber dejado su cargo, ya no tiene derecho a la protección que otorga la inmunidad parlamentaria. Esto significa que, aunque la Asamblea no pueda actuar en este caso, Cuesta no está exenta de enfrentar procesos judiciales por parte de la Corte Nacional de Justicia.
### Contexto Legal de la Inmunidad Parlamentaria
La inmunidad parlamentaria es un tema delicado en la política ecuatoriana. Según el artículo 128 de la Constitución, los asambleístas gozan de fuero de Corte Nacional de Justicia solo durante el ejercicio de sus funciones. Esto implica que cualquier acción judicial en su contra debe ser autorizada por la Asamblea, a menos que la causa no esté relacionada con sus actividades legislativas. Una vez que un asambleísta deja su cargo, pierde automáticamente esta protección, lo que permite que la justicia ordinaria actúe sin necesidad de autorización del Legislativo.
Este principio de seguridad jurídica es fundamental para garantizar que los exfuncionarios puedan ser procesados de manera justa y sin interferencias políticas. En el caso de Cuesta, su situación es un claro ejemplo de cómo la pérdida de fuero puede abrir la puerta a la justicia ordinaria. La decisión de la Asamblea de no levantar su inmunidad no significa que esté libre de consecuencias legales; por el contrario, ahora puede ser procesada sin la necesidad de pasar por el filtro del Legislativo.
### El Caso Ligados y sus Implicaciones
El caso Ligados ha captado la atención del público debido a las serias acusaciones de corrupción que lo rodean. Se investiga una supuesta red de influencias que operaba dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y otras entidades estatales, con el objetivo de favorecer a ciertos actores políticos, en particular al correísmo. Aunque los detalles del caso son reservados, se ha mencionado que Cuesta es una de las figuras clave en esta investigación.
La Fiscalía ha estado trabajando para establecer vínculos entre Cuesta y la red de corrupción, lo que ha llevado a un clima de incertidumbre y tensión en el ámbito político. La exasambleísta, que fue parte del movimiento Revolución Ciudadana, se encuentra en una posición vulnerable, ya que las acusaciones podrían tener un impacto significativo en su carrera política y reputación.
La decisión de la Asamblea de no intervenir en el levantamiento de la inmunidad de Cuesta podría interpretarse como un intento de distanciarse de las implicaciones legales del caso Ligados. Sin embargo, esto también plantea preguntas sobre la responsabilidad de los legisladores en casos de corrupción y el papel que deben desempeñar en la supervisión de las acciones de sus colegas.
La situación de Cuesta es un recordatorio de que la política ecuatoriana sigue enfrentando desafíos significativos en términos de transparencia y rendición de cuentas. A medida que avanza la investigación del caso Ligados, será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos y qué medidas se tomarán para abordar la corrupción en el país.
La exasambleísta Cuesta, aunque ha logrado evitar un proceso inmediato por parte de la Asamblea, ahora se enfrenta a la posibilidad de ser juzgada en un tribunal ordinario. Esto podría marcar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en Ecuador y en la forma en que se manejan los casos de exfuncionarios públicos en el futuro. La atención del público y de los medios de comunicación estará centrada en cómo se desarrollará este caso y qué implicaciones tendrá para el sistema político ecuatoriano en su conjunto.
