En un reciente suceso que ha conmocionado a la comunidad de Guayaquil, los afectados por el incendio en el Centro Comercial Multicomercio han decidido tomar acciones legales contra el Municipio de Guayaquil. Este incendio, que ocurrió el 18 de marzo de 2026, ha dejado a decenas de familias y propietarios de oficinas en una situación crítica, con pérdidas económicas que se estiman en más de 25 millones de dólares. La falta de control institucional y la omisión de las autoridades han sido señaladas como factores clave en este trágico evento.
Los manifestantes, que incluyen a copropietarios de oficinas y departamentos en el Condominio La Torre, se reunieron en un plantón frente al centro comercial para exigir respuestas sobre el origen del incendio. Con carteles en mano, pidieron una investigación exhaustiva y la rendición de cuentas por parte de las autoridades competentes. La situación se ha vuelto aún más tensa debido a las acusaciones de que el fuego se originó en el centro comercial y no en las torres residenciales, como se había sugerido inicialmente.
### Origen del Incendio: Un Debate Controversial
Uno de los puntos más controvertidos en este caso es el lugar exacto donde comenzó el incendio. Los afectados sostienen que el fuego se inició en el Centro Comercial Multicomercio, que supuestamente estaba siendo utilizado para almacenar materiales inflamables, a pesar de que su uso de suelo es comercial. Michael Pita, uno de los afectados, afirmó que varios locales estaban siendo utilizados como bodegas, lo que contraviene las normativas de seguridad.
La falta de un informe técnico oficial que determine el origen del incendio ha generado aún más frustración entre los afectados. Según Nelson Pita, abogado de los damnificados, las autoridades no han tomado las medidas necesarias para investigar el incidente. «El municipio ni ninguna autoridad se ha preocupado por exigir que el cuerpo de bomberos elabore el informe técnico», declaró. Esta falta de acción ha llevado a los afectados a temer que las evidencias puedan perderse, lo que complicaría aún más la búsqueda de justicia.
### Acciones Legales y Demandas Constitucionales
Los afectados han decidido presentar dos tipos de acciones legales. Por un lado, están las denuncias penales dirigidas a los administradores del centro comercial, a quienes acusan de permitir el uso indebido de los espacios. Wilson Gallego, presidente del comité de afectados, subrayó que los administradores permitieron que se ocuparan espacios para actividades no autorizadas, lo que contribuyó a la tragedia.
Por otro lado, los afectados están preparando una demanda constitucional contra el Municipio de Guayaquil y el Cuerpo de Bomberos. Argumentan que estas entidades no realizaron las inspecciones necesarias ni ejercieron controles sobre el uso del suelo, lo que podría haber prevenido el desastre. Michael Pita enfatizó que la responsabilidad no recae únicamente en quien inició el incendio, sino también en la omisión del Estado en sus deberes de supervisión.
La situación se complica aún más por la falta de un informe técnico que aclare las circunstancias del incendio. Los afectados están preocupados por la posibilidad de que las evidencias se pierdan, lo que podría dificultar la identificación de los responsables. «Se está inclinando la situación para hacer desaparecer las huellas», advirtió el abogado Nelson Pita, quien instó a las autoridades a resguardar el área para preservar las pruebas.
La comunidad de Guayaquil sigue atenta a los desarrollos de este caso, que no solo afecta a los damnificados, sino que también plantea serias preguntas sobre la responsabilidad de las autoridades en la prevención de desastres. La falta de acción y la omisión de controles adecuados son temas que deben ser abordados para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro. Los afectados continúan luchando por justicia y respuestas, mientras la comunidad observa con preocupación el desenlace de esta situación.
