La situación en la Penitenciaría del Litoral, el mayor centro carcelario de Ecuador, ha alcanzado niveles alarmantes, lo que ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgar medidas cautelares para proteger a los internos. La crisis se ha intensificado debido a condiciones de hacinamiento extremo, desnutrición y falta de atención médica adecuada, lo que ha resultado en un número creciente de muertes entre los reclusos. En una reciente rueda de prensa, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil destacó la urgencia de cumplir con estas medidas, enfatizando que el Estado ecuatoriano debe actuar de inmediato para evitar más tragedias.
La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha identificado una «situación de gravedad extrema y riesgo irreparable» para los derechos fundamentales de los presos en la Penitenciaría del Litoral. Desde enero hasta septiembre de 2025, se reportaron entre 17 y 141 muertes mensuales, lo que refleja un patrón crítico de negligencia y falta de recursos. Fernando Bastías, miembro del CDH, subrayó que el Estado no ha podido explicar satisfactoriamente las causas de este alarmante número de muertes, lo que ha llevado a la CIDH a concluir que todos los internos están en una situación de extrema vulnerabilidad.
### Condiciones Inhumanas y Respuesta del Estado
Las condiciones dentro de la Penitenciaría del Litoral son inhumanas. El hacinamiento severo ha sido un problema persistente, y la falta de atención médica ha exacerbado la crisis. La CIDH ha señalado que la militarización de las cárceles, implementada a través del Decreto Ejecutivo 218, no ha sido una solución efectiva. Este decreto, que declaró a los centros penitenciarios como zonas de seguridad, ha llevado a un desplazamiento de funciones que deberían ser gestionadas por personal civil, restringiendo el acceso a derechos básicos como la salud y la alimentación.
El CDH ha impugnado este decreto, argumentando que contraviene estándares internacionales y constitucionales. Las medidas cautelares impuestas por la CIDH obligan al Estado a tomar acciones inmediatas para prevenir nuevas muertes, garantizar condiciones de detención dignas, asegurar atención médica oportuna y especializada, y facilitar el acceso de familiares y defensores legales a los internos. La CIDH también ha solicitado la creación de una mesa interinstitucional que incluya a representantes de los beneficiarios para definir e implementar soluciones inmediatas.
Billy Navarrete, presidente del CDH Guayaquil, enfatizó que el Estado no tiene margen para incumplir estas medidas. Un incumplimiento podría llevar a que estas medidas cautelares se conviertan en medidas provisionales ante la Corte Interamericana. La situación actual es un llamado urgente a la acción, y el CDH ha instado al Gobierno a adoptar decisiones estructurales que frenen la crisis carcelaria y eviten más pérdidas de vidas.
### La Crisis Sanitaria y la Necesidad de Voluntad Política
La crisis de salud en la Penitenciaría del Litoral es alarmante. A pesar de la inauguración de un policlínico en 2024, las muertes por causas médicas han continuado en aumento. Enfermedades tratables como la tuberculosis han proliferado, lo que pone de manifiesto la falta de recursos y la ineficiencia en la atención médica. Navarrete ha señalado que no se requiere tecnología extraordinaria para abordar estas enfermedades, sino voluntad política y condiciones mínimas para que el personal de salud pueda trabajar adecuadamente.
La CIDH ha solicitado autorización para realizar una visita in situ a la Penitenciaría del Litoral para verificar la implementación de las medidas ordenadas y evaluar la necesidad de mantenerlas vigentes. Además, se requiere una investigación exhaustiva sobre todas las muertes registradas en 2025 dentro del centro penitenciario. Esta investigación es crucial para entender la magnitud de la crisis y para garantizar que se tomen las medidas adecuadas para proteger a los internos.
La situación en la Penitenciaría del Litoral es un reflejo de una crisis más amplia en el sistema penitenciario ecuatoriano. La falta de recursos, la corrupción y la ineficiencia han llevado a un colapso en el sistema, y es imperativo que el Gobierno tome medidas decisivas para abordar estos problemas. La comunidad internacional está observando de cerca la situación, y el incumplimiento de las medidas cautelares podría tener consecuencias graves para el Estado ecuatoriano.
El CDH ha hecho un llamado a la acción, instando al Gobierno a garantizar que las personas privadas de libertad no sean condenadas a muerte. La voluntad política es esencial para cumplir con lo ordenado por la CIDH y para garantizar la participación de los familiares y equipos técnicos en la toma de decisiones. La crisis en la Penitenciaría del Litoral no solo es un problema de derechos humanos, sino también un desafío moral para el Estado ecuatoriano.
