La situación en el Consejo de la Judicatura de Ecuador se ha vuelto crítica tras la solicitud de renuncia de 25 directores provinciales y de control disciplinario por parte de su presidente, Mario Godoy. Esta decisión se produce en un contexto de creciente presión política y acusaciones de corrupción que han puesto en jaque la estabilidad de la institución. La Asamblea Nacional está a punto de tratar un pedido de juicio político en contra de Godoy, lo que ha intensificado la urgencia de su solicitud de renuncias.
### Contexto de la Solicitud de Renuncias
El oficio enviado por Mario Godoy, fechado el 8 de enero de 2026, establece un plazo hasta el mediodía del 9 de enero para que los directores presenten su renuncia voluntaria e irrevocable. Esta medida se enmarca en un proceso de evaluación integral de desempeño, donde se busca verificar el cumplimiento de objetivos y responsabilidades asignadas a estos funcionarios. Godoy ha invocado el artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial para justificar su decisión, argumentando que es necesario mantener la integridad y la eficiencia del Consejo en medio de las acusaciones que enfrenta.
La situación se ha complicado aún más tras las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien ha afirmado haber recibido presiones para emitir un fallo favorable a Jezdimir Srdan, un narcotraficante defendido por la esposa de Godoy. Esta acusación ha llevado a que el presidente del Consejo de la Judicatura se vea obligado a defender su gestión ante la Asamblea, donde se discute la posibilidad de un juicio político en su contra. Godoy ha calificado estas acusaciones como montajes políticos, señalando a sectores del correísmo como responsables de la campaña en su contra.
### Reuniones y Estrategias en el Consejo
El 8 de enero, se llevó a cabo una reunión entre los vocales de la Judicatura y los jueces de la unidad anticorrupción, a la que Godoy no asistió. Durante este encuentro, se acordó la creación de mesas de trabajo interinstitucionales para gestionar apoyo internacional en materia de seguridad y optimizar la carga laboral. También se discutió la posibilidad de establecer un nuevo tribunal especializado y coordinar con la autoridad penitenciaria para garantizar el cumplimiento efectivo de audiencias desde los centros de rehabilitación social.
La ausencia de Godoy en esta reunión ha generado críticas y ha alimentado las especulaciones sobre su liderazgo y compromiso con la lucha contra la corrupción. Mientras tanto, la presión sobre su administración continúa creciendo, con la Asamblea Nacional lista para abordar el juicio político que podría definir su futuro al frente del Consejo de la Judicatura.
La situación actual refleja un momento de gran tensión en el sistema judicial ecuatoriano, donde las luchas internas y las acusaciones de corrupción han puesto en entredicho la confianza pública en las instituciones. La respuesta de Godoy y su capacidad para manejar esta crisis serán cruciales para el futuro del Consejo y para la percepción de la justicia en el país. En este contexto, la renuncia de los directores provinciales podría ser vista como un intento de limpiar la imagen del Consejo, aunque también podría interpretarse como un signo de debilidad ante las acusaciones que enfrenta su presidente.
La política ecuatoriana se encuentra en un punto de inflexión, y el desenlace de esta crisis en el Consejo de la Judicatura podría tener repercusiones significativas en el panorama político del país. Los próximos días serán decisivos para determinar si Mario Godoy podrá mantener su cargo y cómo se desarrollarán las investigaciones sobre las acusaciones de corrupción que han sacudido a la institución.
